Quinta Marmolejo, la sede provisional del Consulado de España en Venezuela, un país donde viven alrededor de 70.000 canarios, atraviesa una situación crítica. Un informe elaborado por los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, revela cómo el edificio tiene grietas, moho o incluso riesgo de contraer salmonela.
El edificio está ubicado en la avenida Mohedano de La Castellana (Caracas), unas instalaciones a las que se tuvieron que mudar los funcionarios después de que los fuertes terremotos sufridos el pasado mes de junio dejaran en malas condiciones el entorno de Torre España, donde hasta este momento la ciudadanía acudía para llevar a cabo distintos trámites.
Lugar de votación
Pero la cosa no queda ahí porque, aunque las operaciones en Torre España eran habituales para la Embajada y la Consejería de Trabajo, el Consulado tuvo que abandonar de emergencia su sede original en el Edificio Bancaracas, operativo desde hace más de 30 años, tras la catástrofe natural porque resultó —recoge el documento— severamente afectada.
El problema en Quinta Marmolejo se notificó a unas pocas semanas de las elecciones generales. Allí, según ha adelantado El Español, votarán miles de españoles —entre ellos, canarios— a pesar de las deficiencias estructurales que presenta la sede. Los representantes sindicales han advertido de las dificultades que habrá a lo largo del proceso electoral.
La pregunta es: ¿a qué situaciones se enfrentan exactamente?
Humedad y moho
Entre los principales inconvenientes está la “exposición a agentes biológicos”. El texto indica que las manchas de humedad y el moho detectado “son caldos de cultivo para hongos y bacterias”, así como que su inhalación puede producir problemas respiratorios, alergias e infecciones. Apuntan también a irritación de los bronquios que agravan cuadros de asma.
El informe, basado en un amplio registro fotográfico del edificio y que analiza cómo se sienten los trabajadores, “exhaustos y traumatizados” por los terremotos, exige la reubicación urgente de la plantilla y que se cumpla con la ley española de prevención de riesgos laborales.
Yeso desprendido
En definitiva, piden condiciones óptimas para trabajar en unas instalaciones a las que puede acudir un colectivo de más de 150.000 españoles que residen en Venezuela. Ponen como ejemplo que las solicitudes de pasaporte, que normalmente oscilan entre 100 y 200 al día, se han reducido “generando un cuello de botella de difícil resolución a corto plazo”.
Quienes acudan al edificio para gestionar sus trámites serán testigos, según el documento, de cómo el yeso desprendido y las estructuras dañadas del techo presentan un riesgo de caída de materiales sobre los trabajadores. Además, los sindicatos reclaman la reparación de filtraciones, limpieza, desinfección y arreglo de superficies.
Aseguran, sin ir más lejos, que las rejillas están sucias y no garantizan la renovación del aire, causando fatiga, dolores de cabeza y problemas respiratorios.
Riesgo eléctrico
Los representantes sindicales apuntan que los sistemas eléctricos deben estar protegidos para evitar descargas accidentales. Las fotos reflejan un agujero en la pared con cables, material eléctrico expuesto y un enchufe sobrecargado con varios adaptadores. Todo sin dejar de lado la posibilidad de que haya un incendio, por lo que piden una revisión.
El documento recoge que Quinta Marmolejo solo tiene cuatro extintores para todo el recinto, un lugar donde hay “varios contenedores no identificados de líquido, almacenados incorrectamente y lo que parecen ser palés de madera cerca”.
“El almacenamiento conjunto de materiales combustibles (madera de palés) y contenedores de líquido no identificados puede representar un riesgo de incendio si los líquidos son inflamables”, expone el texto. “Se debe evaluar detalladamente los riesgos químicos”, añade.
Grietas y sillas rígidas
Las grietas en el suelo y los cables sueltos son otros de los desperfectos que acumula la sede provisional del Consulado de España en Venezuela. “Son riesgos evidentes de tropiezo para los trabajadores mientras se desplazan por su puesto de trabajo”, sostiene el documento.
Por otro lado, los trabajadores hablan de “desorden y dificultad para acceder a los objetos” de la oficina por su mal diseño, así como que el “estado del mobiliario o el uso de sillas plásticas rígidas pueden contribuir a posturas forzadas y trastornos musculoesqueléticos”.
Sin controles de seguridad
Los problemas no existen solo para los empleados, el documento apunta a las condiciones de seguridad y accesibilidad para el público en general.
En concreto, las personas que acuden a realizar trámites se ven obligadas a esperar de pie en aceras estrechas o al borde la calzada, lo que incrementa la posibilidad de atropello o colisión.
“Esta sede carece de delimitación física y zonas claramente restringidas de trabajo interno, lo que provoca la exposición de todo el personal y del cuerpo diplomático a posibles ataques”, subraya el texto firmado por los sindicatos.
Tampoco disponen, indican, de una infraestructura adecuada de control de accesos. No tienen arcos detectores de metales ni escáneres de rayos x para equipaje y paquetería. Aunque hay equipos de vigilancia y un policía nacional en la puerta, una vez en el interior —dicen— no pueden vigilarlos adecuadamente porque tampoco hay cámaras de seguridad.
Poco espacio y mala conexión
Los trabajadores lamentan que en determinadas zonas se observa una “considerable cantidad de expedientes” apilados en el suelo por la falta de mobiliario y espacio adecuado para garantizar su orden y custodia.
La falta de espacio también se traduce en que en la Quinta Marmolejo solo cuentan con dos baños para mujeres y dos para hombres a pesar de sumar entre 100 y 110 personas, más las casi 300 que acuden para hacer trámites. Lo normal, dicen, es que haya un inodoro por cada 15 o 20 trabajadores.
También se da una paradoja: la falta de recursos tecnológicos adecuados como ordenadores y telefonía IP les impide hacer cobros, imprimir visados o emitir literales. Es decir, se hace imposible tener una correcta conectividad del Consulado General de España con España.
Exposición a enfermedades
Una de sus demandas más llamativa es que se les proteja frente a animales silvestres como rabipelados o zarigüeyas dentro de la oficina, escritorios, sillas y demás dependencias. “Representan un riesgo biológico y sanitario serio”, sostienen.
Apuntan a posibles infecciones por leptospirosis, unas bacterias presentes en la orina y desechos de los animales silvestres que pueden entrar en contacto con microheridas en las manos al tocar el escritorio, causando fiebre, dolores musculares intensos, cefaleas y, en casos graves, daños hepáticos o renales.
También hablan de salmonella, una bacteria fecal que provoca cuadros de gastroenteritis aguda, diarrea severa, fiebre y vómitos. En el caso de la toxoplasmosis “representan un peligro grave, especialmente para mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas”. Además, señalan alergias y problemas respiratorios por el polvo fecal.
En realidad, nada de esto debió, supuestamente, coger a nadie de imprevisto: según el informe, un equipo de arquitectos contratados por la Embajada para valorar los daños de los terremotos señaló que la Quinta Marmolejo no sufrió daños mayores, pero sí recomendó la reparación de “los estragos acumulados por el paso del tiempo”.
Bloqueo burocrático
El documento apunta que más de 150.000 ciudadanos españoles registrados en Venezuela se encuentran en una situación de indefensión e invalidez jurídica por no poder llevar a cabo trámites vitales.
Allí residen unos 70.000 canarios, solo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay en torno a 46.000 personas.
Lo que más está afectando es el proceso para renovar el pasaporte, el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI), el bloqueo de cuentas bancarias por no poder presentar certificados de residencia o la imposibilidad de gestionar un gran volumen de inscripciones de nacimiento y matrimonio.
Estrés, miedo e incertidumbre
Todo ello provoca una situación delicada para la salud mental de los trabajadores: señalan estrés, miedo, incertidumbre, dificultades para concentrarse y pérdida de autonomía.
En definitiva, el documento, firmado el pasado 13 de octubre, subraya “condiciones de severo hacinamiento” y un “colapso en la atención consular en Venezuela”. “Permanecer en la Quinta Marmolejo es absolutamente inviable e inaceptable, esa casa debe ser desalojada”, concluye.
El Gobierno de España no parece ocultar la realidad. En la web de Exteriores, en el apartado del Consulado en Venezuela, el mensaje es claro: “Debido a las contingencias imprevistas de índole técnica y estructural en esta sede, nuestras capacidades operativas se encuentran significativamente limitadas”.
Elecciones generales 29N
Otro problema cercano son las elecciones del próximo 29 de noviembre. Varias voces, además de los sindicatos, como la plataforma Somos Españoles Unidos en Venezuela, han pedido que el Ministerio de Exteriores cambie la ubicación de la sede para votar, porque la cartera dirigida por José Manuel Albares tiene previsto que sea en Quinta Marmolejo.ç
También se podrá depositar el voto en el Consulado Honorario de España en la Hermandad Gallega de Valencia, en el Estado de Carabobo.
El panorama dibuja un escenario incierto para los miles de canarios que viven en Venezuela, tanto quienes emigraron hacia ‘la novena isla’ como sus descendientes. El edificio donde llevan a cabo trámites esenciales y se enfrentan a un periodo electoral, padece serios problemas estructurales.
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