El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó su preocupación por la misión comercial organizada por PROEXCA y FEDEPORT al puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, "un territorio pendiente de descolonización según la ONU", según explica el dirigente en un comunidado. Para Morales, promover este enclave no es diplomacia económica, sino “un error estratégico” que expone a Canarias a riesgos económicos, políticos y reputacionales.
Morales cuestionó que una entidad pública impulse que empresas portuarias canarias se posicionen "en un enclave que Marruecos diseña para competir con el Puerto de La Luz y de Las Palmas". Recordó que esta infraestructura es un “motor esencial” para la diversificación económica, el empleo y la conectividad de Gran Canaria.
Competir con los puertos canarios
El proyecto Dakhla Atlantique, valorado en 1.300 millones de euros, está concebido como un gran nodo logístico entre África, Europa y América. Su objetivo es captar tráficos internacionales y competir con los puertos canarios, operando en un en un entorno regulatorio "más laxo que el europeo, con menores obligaciones fiscales, laborales y ambientales, lo que generaría una competencia difícil de igualar para el sistema portuario regional".
El presidente del Cabildo también subrayó el contexto jurídico y político del Sáhara Occidental, reconocido como territorio No Autónomo. Recordó que su ocupación por Marruecos vulnera la legalidad internacional, y que participar en misiones que favorezcan infraestructuras sin consentimiento saharaui ha sido descrito por organizaciones internacionales como un “campo minado legal” para instituciones y empresas.
Estas advertencias se enmarcan en un proceso más amplio, en el que Marruecos ha impulsado proyectos que compiten con sectores estratégicos canarios, desde el tráfico de mercancías hasta la pesca o la captación de inversiones. En este escenario, Morales insistió en la necesidad de una visión geopolítica atenta ante las tensiones crecientes en la región.
Consentimiento del pueblo saharaui
El presidente grancanario recordó además que el Tribunal de Justicia de la UE establece que los acuerdos económicos con Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental sin consentimiento saharaui, lo que añade un riesgo jurídico para las empresas implicadas. Apoyar proyectos en Dajla, afirmó, no es un gesto neutral, sino un respaldo indirecto a una ocupación que vulnera la legalidad internacional y afecta a la posición de Canarias como región ultraperiférica europea.
“Lo que está en juego es más que la participación de varias empresas en una misión comercial”, sostuvo Morales, para quien el asunto compromete la coherencia institucional del Gobierno de Canarias y la defensa de los intereses económicos, sociales y geopolíticos del archipiélago.