La posición jurídico-marítima que Marruecos ha activado en los últimos años, reforzada ahora por la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad y por su doctrina interna sobre la delimitación atlántica, sitúa a Canarias en el centro de un tablero estratégico donde se mezclan fronteras marítimas, futuros recursos minerales, extensiones de plataforma continental y la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara. Un espacio donde Rabat reclama que la equidad, y no la estricta línea media, sea el criterio rector.
Mapa pendiente
La delimitación marítima entre ambos países sigue sin cerrarse jurídicamente. En la práctica, España y Marruecos operan desde hace décadas con una mediana provisional entre Fuerteventura y Tarfaya, nunca reconocida por Rabat. La posición marroquí, recogida en las leyes 37-17 y 38-17 de 2020, insiste en que la línea media no puede aplicarse mecánicamente cuando se compara una costa continental extensa con un Archipiélago.
Desde esta perspectiva, publicada por la revista Atalayar —afín a las tesis marroquíes—, Rabat sostiene que la delimitación con Canarias debe corregirse para alcanzar un resultado “equitativo”. Para las Islas, el debate no es un ejercicio teórico: afecta a zonas de pesca compartidas, a eventuales prospecciones y a la definición de la ZEE canaria-española, clave para industrias y ecosistemas que operan en un espacio marítimo especialmente sensible.
Monte submarino
La tensión técnica y diplomática se amplifica con el Monte Tropic, un volcán submarino rico en telurio y cobalto cuya explotación —hoy inviable— se contempla a largo plazo. Está situado en el área donde podrían solaparse las plataformas continentales de España y Marruecos, lo que lo convierte en un punto caliente para la geología, la geopolítica y la economía.
La tesis marroquí se apoya en el artículo 83.3 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que incentiva los acuerdos provisionales en zonas en disputa. Desde Rabat se plantea explícitamente que Tropic pueda gestionarse bajo un régimen de desarrollo conjunto. Para Canarias, un acuerdo de este tipo implicaría dos factores clave: evitar tensiones futuras sobre un territorio submarino estratégico y garantizar un marco regulado y transparente para cualquier exploración, presente o futura.
Plataforma continental
España presentó hace una década su solicitud para extender la plataforma continental canaria hasta las 350 millas. Marruecos reaccionó registrando objeciones y remitiendo su propia información preliminar. El choque técnico sigue vivo: ambas propuestas se solapan en zonas que afectan directamente al ámbito canario.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental solo emite recomendaciones cuando los Estados muestran posiciones sólidas y compatibles. De ahí que uno de los posibles escenarios planteados por Rabat sea una coordinación técnica que evite informes contradictorios y permita proteger los intereses de cada parte. Para Canarias, esta coordinación condicionaría la definición final del espacio sobre el que España podría ejercer derechos soberanos.
Espacio aéreo
El control del espacio aéreo sahariano sigue siendo un terreno compartido entre Enaire (centro de control de Gran Canaria) y la autoridad aeronáutica marroquí. Marruecos considera que la nueva resolución del Consejo de Seguridad respalda una transición hacia una gestión íntegramente marroquí.
Enaire continuará coordinando mientras dure la fase técnica, pero Rabat apunta a una cesión progresiva. Para Canarias, el cambio no es menor. Gran Canaria gestiona una FIR crítica para las rutas entre Europa, África Occidental y América Latina. Cualquier modificación del esquema operativo tendrá impacto directo en seguridad aérea, tráfico intercontinental y el peso estratégico del archipiélago en los corredores atlánticos.
Implicaciones directas
La Hoja de Ruta bilateral de 2022 reactivó el grupo de trabajo encargado de resolver precisamente estas cuestiones. Desde entonces, Marruecos ha consolidado un discurso jurídico que refuerza su soberanía en las provincias del Sur, reclama equidad en la delimitación atlántica y se abre a mecanismos de cooperación cuando hay solapamientos.
Para Canarias, el resultado de la negociación marcará la delimitación efectiva del espacio marítimo al este del archipiélago, la fórmula jurídica para el Monte Tropic, la extensión de la plataforma continental española y el futuro papel del centro de control de Gran Canaria en la gestión del espacio aéreo sahariano.
El Archipiélago no es un actor formal en la mesa, pero sí el territorio directamente afectado por cada línea que se trace y por cada competencia que se reasigne. El desenlace de estas negociaciones, ahora en una fase técnica y política renovada, puede definir el marco estratégico canario durante las próximas décadas en materia de derechos marítimos, recursos críticos, prospecciones, pesca, aviación y seguridad regional.