Miles de familias de Canarias podrán avanzar hacia la propiedad de las viviendas públicas que llevan décadas ocupando en régimen de alquiler con opción a compra. El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa del PSOE que reconoce el derecho de unas 10.700 familias a adquirir sus casas.
La propuesta, defendida por el diputado socialista Sebastián Franquis, afecta a viviendas propiedad del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de Visocan cuyos contratos fueron suscritos hace aproximadamente 30 años con opción de compra.
El acuerdo parlamentario reclama al Gobierno de Canarias que identifique y haga público, en un plazo máximo de tres meses, el conjunto de viviendas que pueden acogerse al procedimiento para acceder a la propiedad.
Una partida para financiar las bonificaciones
La iniciativa también exige al Ejecutivo autonómico que habilite una partida presupuestaria específica para financiar a Visocan el importe de las bonificaciones previstas en la normativa. El objetivo es garantizar la viabilidad económica de las operaciones de compraventa.
Franquis ha defendido que la medida permitirá aportar seguridad jurídica a las aproximadamente 10.700 familias que llevan tres décadas residiendo en estas viviendas y que suscribieron contratos con opción a compra.
El diputado socialista ha acusado al actual Gobierno autonómico de haber introducido durante su mandato obstáculos burocráticos que, según ha señalado, han provocado "angustia e incertidumbre" entre las personas afectadas por la paralización administrativa.
Por ello, ha reclamado a las administraciones que agilicen los trámites y actúen con transparencia para hacer efectivo un derecho que, según ha defendido, está reconocido formalmente en el marco del Pacto por la Vivienda.
CC alerta de posibles impuestos
La iniciativa ha contado también con el respaldo de Coalición Canaria, aunque su diputada Socorro Beato ha advertido de un problema jurídico relacionado con el procedimiento actual.
Beato ha señalado que el decreto de 2023 establece un tratamiento común para las viviendas del ICAVI y las de Visocan, pese a que se trata de entidades con distinta naturaleza jurídica. Mientras el ICAVI es una entidad pública, Visocan opera como una sociedad mercantil y está sometida a otras reglas fiscales en sus transmisiones patrimoniales.
Esta diferencia podría provocar que los inquilinos de viviendas de Visocan tengan que asumir determinados tributos, entre ellos el IGIC, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o la plusvalía.
Por este motivo, la diputada de CC ha defendido la necesidad de modificar el procedimiento y buscar alternativas que permitan evitar que estas cargas fiscales se traduzcan en un sobrecoste para las familias.
El Parlamento ha respaldado finalmente por unanimidad la iniciativa, que ahora deberá concretarse mediante la identificación de las viviendas afectadas y la articulación del procedimiento necesario para que sus inquilinos puedan ejercer el derecho de compra.
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