El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, optimizar la gestión de recursos humanos y regular aspectos clave como la protección de la infancia frente a los juegos de azar y las apuestas.
La norma, que emana del decreto ley 7/2024 del 31 de julio, ha salido adelante entre fuertes críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de “aplicar el rodillo” parlamentario al desestimar la mayoría de sus enmiendas y acelerar la tramitación en apenas tres sesiones de comisión.
Vulneración de derechos
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato defendió la ley como un paso esencial para mejorar las listas de empleo, reforzar los servicios públicos y agilizar el acceso a plazas en la Policía Canaria, al tiempo que destacó que el texto cuenta con el respaldo del Consejo Municipal de Canarias, los cabildos y representantes sindicales.
Sin embargo, Gustavo Santana (PSOE) cuestionó el “consenso” defendido por el Gobierno, recordando que la mayoría de sus enmiendas recogían las peticiones de esos mismos órganos consultivos. El socialista denunció además que la ley permite el cese de interinos que no superen un periodo de prueba de tres meses, algo que calificó como “la mayor vulneración del derecho laboral que se recuerda en una administración pública”.
Oportunidad perdida
Mientras el PP celebró el proyecto como una ley “muy oportuna” para atajar un problema estructural, Carmen Hernández (Nueva Canarias) lamentó que se haya perdido la oportunidad de dar una salida legal a los docentes interinos que han quedado fuera del sistema. En la misma línea, Paula Jover (Vox) y Hernández criticaron que se elimine el requisito de formación en pedagogía para el personal docente no universitario.
Desde Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta advirtió de que el otro gran reto del sector público es la retención del talento, ante la jubilación de numerosos profesionales en los próximos años.
Acelerar procesos
Jesús Ramos (ASG) valoró la norma como “imperfecta pero imprescindible”, ya que viene a corregir los “parches” que durante años se han ido aplicando en el funcionamiento de la administración.
La nueva ley establece cambios en los procedimientos de selección de personal, la gestión de listas de empleo, el empleo público temporal y el aprovechamiento de recursos humanos, con el objetivo de acelerar los procesos, priorizar el mérito y la capacidad, y facilitar una mayor eficiencia en los llamamientos para cubrir plazas públicas.