La Consejería de Turismo y Empleo ha celebrado este jueves el acto de entrega simbólico del proyecto de ley que regulará el alquiler vacacional en las islas. De esta forma el texto comienza la tramitación parlamentaria para su ratificación en la Cámara regional, con el deseo de aprobarse antes de final de año. 

Así lo ha trasladado este jueves la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, en el acto de entrega del texto para su tramitación con la presidenta de la cámara, Astrid Pérez. Lo que actualmente es el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas lleva 14 meses de elaboración, desde que comenzó el trámite de información pública. 

El texto obliga a los cabildos y a los ayuntamientos a revisar todas las licencias de viviendas vacacionales. Para ello, una vez se apruebe establecerá una especie de moratoria a la concesión de licencias hasta todas las que tenga cada ayuntamiento se revisen. El porcentaje de viviendas vacacionales en los municipios no deberá superar el 10% de vivienda, cifra que aumenta hasta el 20% en las islas verdes.

Cuestión de planeamiento

Actualmente el alquiler turístico supone el 39% de la oferta alojativa turística. El aumento paulatino en los últimos años de esta modalidad alojativa sumado a la falta de vivienda en alquiler tradicional han motivado la regulación de la actividad turística. 

La consejera ha insistido en que ahora la actividad estará más vinculada al planeamiento turístico, ya que “sin planeamiento no habrá vivienda”. Una de las obligaciones que impondrá la ley a los ayuntamientos y cabildos es la comprobación de las declaraciones de responsables otorgadas a los explotadores de viviendas turísticas. 

Ya están regulando

Los únicos territorios que ya han comenzado a ejercer la labor de fiscalización de estas licencias son el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Granadilla. Este último trabaja en una ordenanza reguladora para regular las características que deberá cumplir una vivienda vacacional para poder operar. 

“Esta ley establece la posibilidad de diseñar 88 estrategias distintas”, ha apuntado la consejera al respecto de cómo los ayuntamientos podrán desarrollar esta ley. Lo que sí deberán cumplir los consistorios son los límites porcentuales de vivienda turística. 

El control

Una vez se apruebe se comenzará un periodo de control de las declaraciones de responsables. De León ha explicado que la comunidad autónoma cuenta con 35 inspectores y que se podrán apoyar de entidades como el colegio de registradores. 

También han llegado a acuerdos con plataformas como Booking y se espera que pronto se pueda sumar Airbnb y Expedia para trazar datos de viviendas ofertadas con las declaraciones de responsable, de forma que aquellas que no cuentan con este permiso se puedan eliminar de la plataforma. 

En este sentido, ha apuntado que "los cabildos tienen encomendadas las revisiones de las declaraciones responsables y tendrán que verificar que se cumplen. Los ayuntamientos tienen herramientas como las oficinas de urbanismo y la policía local y autonómica, que tiene competencias en zonas turísticas. Hace falta una labor de coordinación de todos los estamentos con competencia en la materia para que el conjunto de la actividad de la industria turística esté controlada". 

Flecos que incorporar

Ahora el proyecto de ley con su tramitación parlamentaria estará abierta a la incorporación de las propuestas de los grupos parlamentarios. Desde los cabildos ya han traslado su malestar con la no incorporación de algunas de sus alegaciones y han solicitado a los grupos su incorporación a través de la tramitación. 

Pese a que todos los grupos han trasladado la necesidad de la ley, desde el comienzo de su redacción ya trajo consigo el rechazo de la patronal de las viviendas vacacionales, Ascav, que ha rehusado la regulación. Pese a la presión de la patronal, de León ha asegurado que no le debe “lealtad” a Ascav ya que la perdió cuando filtraban las conclusiones de sus reuniones cuando éstas se estaban produciendo. Pese a ello ha apuntado que algunas de las alegaciones que había presentado la patronal se habían incorporado al proyecto de ley.