Las patronales turísticas canarias Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL urgen al Gobierno regional que culmine el proceso de cesión de las competencias de Costas y firme el decreto que le reporta los recursos necesarios, o use sus propios medios para ejercerlas "de forma inmediata".
En un comunicado, las organizaciones empresariales recalcan que el proceso de cesión de competencias "no se puede demorar más" y confían en que "las cercanas fechas electorales no influyan en este asunto tan importante para las islas y para el principal motor de la economía canaria".
Apelan a los gobiernos central y canario que "asuman su responsabilidad y no dejen a medias un trámite burocrático fundamental para muchos proyectos de interés turístico y general, sin perder de vista que ambos gobiernos, además, son del mismo partido político".
Agravio comparativo con Baleares
No entienden que "Canarias no quiera desempeñar estas competencias que ya tiene cedidas, a pesar de que lo deba hacer inicialmente con sus propios medios, y si es necesario que plantee ante el Tribunal Constitucional cuantas cuestiones sean necesarias en defensa de su actual Estatuto de Autonomía, tal y como lo hacen otras comunidades en conflictos similares", esgrimen.
Además, llaman la atención sobre "el compromiso público del Estado" de formalizar la cesión de estas competencias a Baleares antes de fin de año cuando "ni siquiera han iniciado el trámite", mientras que Canarias lleva con la Comisión Mixta abierta hace casi dos años.
Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL perciben "una falta de voluntad por parte del Estado para terminar de ceder lo que ya no le corresponde".
Falta contundencia
Al mismo tiempo, consideran que al ejecutivo canario "le hace falta también contundencia y arrojo, bien para hacer valer su posición ante Madrid, o bien para tomar decisiones ejecutivas en casa, con el Estatuto en la mano".
Las patronales piden la tramitación "ipso facto" de los "innumerables proyectos y expedientes paralizados", pues "todos estos conflictos burocráticos solo contribuyen a empeorar la experiencia de los visitantes que llegan a las islas", un destino que tiene en el sol y la playa "dos de sus principales atractivos".
Denuncian que "se pierden numerosas inversiones que se van de las islas, se produce una grave inseguridad jurídica y persiste una absoluta parálisis y obsolescencia del uso del litoral".
Proyectos paralizados
Apuntan que "no hay municipio costero que no tenga paralizados proyectos de accesibilidad, servicios de temporada o adecentamiento de las playas", lo que propicia que "la experiencia de locales y visitantes es muchas veces pobre en comparación a otros destinos competidores".
"Es inadmisible que en un archipiélago turístico como Canarias haya trámites de renovaciones de concesiones que se prolongan durante más de 20 años, lo que conduce a las empresas que tienen esas concesiones o proyectos de inversión a verse en situaciones de fraude de ley, o en tierra de nadie, porque la administración no hace su trabajo", añaden.
Las patronales hablan de una "paralización casi absoluta" de los trámites relativos a la gestión de costas y del litoral, y subrayan que "a medida que pasan los años se van acumulando los expedientes y conflictos competenciales que Canarias debe resolver con urgencia".
Entre esas concesiones, "muchas de las cuales son comunes en varios de los municipios turísticos canarios, como las de los chiringuitos de playa o los servicios esenciales de hamacas y sombrillas", destacan la inversión prevista para la renovación del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura.
"Esta solicitud lleva bloqueada desde hace cuatro años por parte del Gobierno estatal y ahora está sobre la mesa del Gobierno autonómico", aseveran las patronales.
A ello se suma "la paralización de proyectos de playas vinculados a nuevas instalaciones hoteleras o la existencia de paseos marítimos en penosas condiciones".
Diversos casos
En Tenerife, apuntan las patronales, son varios los proyectos paralizados "desde hace muchos años", como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras.
Otros casos a los que aluden son los del litoral de Arguineguín, en Gran Canaria, en el que "varios establecimientos alojativos ven peligrar la continuidad de muchas de sus instalaciones esenciales (solárium, terrazas, zonas comunes de piscinas), porque dependen también de concesiones administrativas que se han caducado, pero cuyas prórrogas no se tramitan".
"Esta situación genera una inseguridad jurídica enorme a las empresas", lamentan.
Las patronales señalan que en la última edición de entrega de banderas azules a las playas canarias, "muchas" de ellas han perdido esta distinción por falta de servicios e inversión, lo que "no puede llevarse a cabo en este momento de bloqueo y parálisis administrativa, con las administraciones locales, autonómicas y estatal pasándose la pelota unas a otras con total desidia y apatía".