Podemos Canarias ha anunciado su intención de trasladar a la Fiscalía el nuevo decreto urgente para agilizar la construcción de vivienda porque consideran que puede haber una "vulneración del principio de fe pública". En un comunicado, desde el partido morado han informado que sospesan llevarlo ante la Justicia y critican la delegación de funciones de los ayuntamiento a "intereses privados".
Se refieren al decreto aprobado este lunes y ya en vigor que quiere impulsar la construcción de vivienda a través de la reducción de la burocracia, permitiendo que agentes externos de los ayuntamientos puedan emitir los informes técnicos preceptivos necesarios para la concesión de licencias.
Intereses privados
Para el partido esta medida "supone una cesión sin precedentes de funciones públicas a intereses privados, eliminando los filtros técnicos de los ayuntamientos y abriendo la puerta a la corrupción urbanística". La coordinadora de Podemos Canarias, Noemí Santana, argumenta que una licencia de obra es un acto administrativo público y que "solo el funcionariado puede otorgarla con validez legal porque solo el funcionariado goza de fe pública".
Por este motivo opinan que el hecho de "sustituir esa función por informes pagados por promotores es convertir el urbanismo en un mercado opaco, con consecuencias gravísimas para el interés general".
Desde el punto de vista del partido, esta medida puesta en marcha por el Gobierno de Canarias va más allá de la agilización de los trámites para las licencias de obras. "Es un modelo donde quien paga, decide, y eso no tiene cabida en una democracia transparente", valoran.
El primer decreto
Podemos Canarias analiza que este decreto "no es una excepción aislada, sino una nueva pieza de un marco normativo desregulador" iniciado el año pasado con la aprobación del Decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, puesto en marcha hace año.
Opina la formación morada, que no tiene representación en el Parlamento canario que el primer decreto ya introdujo "modificaciones preocupantes" como la construcción en suelos dotacionales, la reducción de trámites y la contratación conjunta de obra y proyecto.
"Ese decreto ya mostró que al Gobierno de Clavijo no le interesa el derecho a la vivienda, sino facilitar negocios inmobiliarios" con una política "hecha a medida de los especuladores", recalca Santana.
El límite
La coordinadora del partido incluso alude a que la norma invade competencias locales reconocidas en el Estatuto de Autonomía: Hablamos de una decisión unilateral que socava el principio de autonomía municipal, y ni siquiera ha sido informada a alcaldes y alcaldesas. Es una política autoritaria al servicio de intereses privados, no del interés común".
"No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras convierten Canarias en un solar para el pelotazo" avisa Santana quien asegura que "vamos a actuar en las instituciones, en los tribunales y en las calles. Este territorio tiene límites, y los nuestros son la justicia social, la legalidad y la defensa del bien común".
Podemos Canarias plantea coordinar iniciativas legales con otras fuerzas a nivel estatal y constituir "un frente común" con plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas "para frenar esta deriva desreguladora" del Gobierno regional de CC y PP.