La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó este martes solicitar al órgano fiscalizador un informe sobre el gasto que la inmigración irregular supone para el conjunto de administraciones. La petición, registrada por Vox y respaldada por el PP, salió adelante con 20 votos a favor y 15 en contra, en una sesión bronca en el Senado en la que PSOE y Sumar calificaron la iniciativa de “absolutamente lamentable” y “francamente repugnante”.

La diputada popular María Pilar Alía defendió que su grupo no puede oponerse a “conocer la verdad” sobre el uso de fondos en esta materia, y justificó el apoyo en la necesidad de “considerar los costes” dentro de una política migratoria ordenada y eficaz.

Qué puede auditar el Tribunal

Más allá del ruido, el encargo recae en el Tribunal de Cuentas, el supremo órgano fiscalizador del sector público. Por ley, su función es examinar la legalidad, eficiencia y economía del gasto público y elevar informes o memorias a las Cortes.

Si la Comisión Mixta lo solicita, el Tribunal puede emitir informes extraordinarios y está habilitado para requerir información a todas las administraciones implicadas en un programa de gasto. La normativa orgánica deja claro que sus conclusiones se publican y pueden incluir propuestas de mejora de la gestión.

El marco económico

El debate parlamentario eludió un contexto incómodo para quienes reducen la inmigración a una línea de gasto. El Banco de España cuantificó en junio que, entre 2022 y 2024, la población extranjera aportó entre 0,4 y 0,7 puntos del crecimiento anual del PIB per cápita, gracias sobre todo a su contribución al empleo y al factor demográfico en un país envejecido. 

En la misma dirección, BBVA Research sostiene que, tras la pandemia, la inmigración se ha convertido en un motor de creación de empleo y ha ayudado a que España crezca por encima de otros países de la UE, a la vez que plantea retos en vivienda y pensiones que dependen de la oferta y la gestión pública, no del origen de los trabajadores. 

Canarias, foco político

La discusión tiene traducción inmediata en Canarias, principal puerta atlántica. Según el último balance de Interior, las llegadas por vía marítima al archipiélago sumaron 11.680 personas hasta el 30 de septiembre, un 58,3 % menos que en el mismo periodo de 2024. La cifra procede del informe quincenal oficial.

La caída alivia presión sobre dispositivos de primera acogida y derivaciones, pero no elimina los desafíos estructurales de un sistema con competencias repartidas entre Estado, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. 

Qué saldrá de la auditoría

Si el Tribunal acepta el encargo, el informe debería mapear programas y partidas dispersas en Interior, Inclusión, Sanidad, Educación, Vivienda y administraciones autonómicas y locales, además de los fondos europeos que cofinancian dispositivos de acogida e integración. El resultado no dirá solo “cuánto se gasta”, sino cómo y con qué resultados, que es la parte siempre ausente cuando el discurso pivota a la pura contabilidad. La Comisión Mixta es el cauce formal para pedir ese trabajo y, una vez presentado, para debatirlo políticamente. 

Vox enmarcó la iniciativa en que “nadie se atreve a dar las cifras” y habló de “gran impacto económico negativo”. Sumar replicó que “nadie es ilegal por buscar un futuro mejor” y denunció el enfoque “retorcido” del fenómeno migratorio. El PSOE acusó a la ultraderecha de “sembrar odio para cosechar votos”, y se permitió ironizar con que instituciones como Banco de España o el FMI destaquen la aportación de la inmigración al empleo, frente a informes ideologizados. El PP insistió en que “no hay nada que ocultar” y que conocer los costes es condición para “gestionar bien”.