El Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente la Ley de Consejos Sociales, una norma que reconfigura el papel de estos órganos en la gobernanza universitaria y que ha generado un rechazo unánime entre las universidades públicas del Archipiélago. Lejos de contar con el respaldo del sector académico, la ley ha sido duramente criticada por la Universidad de La Laguna (ULL) y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), así como por organizaciones estatales como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).
El texto fue aprobado sin incorporar las principales alegaciones presentadas por las instituciones académicas, lo que ha incrementado la percepción de imposición por parte del Ejecutivo autonómico. La norma ha sido promovida por el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y tramitada sin consenso.
Clima de tensión
Esta aprobación se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno canario y el sistema universitario público. Las universidades han denunciado su exclusión de la redacción de la nueva Ley de la Ciencia, la falta de una financiación estructural suficiente y el impulso a las universidades privadas sin el mismo nivel de control que se exige a las públicas.
Desde esta perspectiva, la Ley de Consejos Sociales no se interpreta como un caso aislado, sino como parte de una tendencia política que debilita el papel de la universidad pública en el desarrollo científico, educativo y social del Archipiélago.
Apoyo empresarial
A pesar del rechazo académico, el Gobierno ha defendido que esta reforma permitirá fortalecer el vínculo entre universidad y entorno social y económico. La ley cuenta con el respaldo de las patronales empresariales y de los propios Consejos Sociales, que consideran el texto como una vía para lograr una universidad más ágil, moderna y conectada con la sociedad.
Las universidades, sin embargo, ven en esta reforma un cambio profundo y no consensuado del modelo de gobernanza. Temen que se traduzca en una pérdida real de autonomía, eficacia y capacidad de decisión, al otorgar mayor poder a un órgano que no forma parte del ámbito académico.
¿Qué son los Consejos Sociales?
Los Consejos Sociales son órganos colegiados presentes en todas las universidades públicas españolas. Su función principal es servir de vínculo entre la universidad y la sociedad, supervisar la actividad económica de la institución y promover relaciones con el entorno productivo y cultural.
Están integrados por representantes del Gobierno, de agentes sociales y económicos, y por miembros de la propia comunidad universitaria. Hasta ahora, su papel ha sido fundamentalmente fiscalizador y consultivo, sin capacidad decisoria directa en cuestiones académicas o científicas.
Cambios con la nueva ley
Con la nueva normativa, el papel de los Consejos Sociales se amplía notablemente. Una de las principales novedades es que podrán emitir informes previos obligatorios antes de que el Consejo de Gobierno de la universidad adopte decisiones relevantes. Aunque dichos informes no son vinculantes, cualquier decisión que los contradiga deberá justificarse formalmente, lo que implica una limitación indirecta a la autonomía del órgano académico.
Además, la ley no establece un plazo claro para que estos informes sean emitidos. En versiones anteriores del texto se fijaban hasta dos meses como máximo, pero la versión final deja ese plazo abierto a lo que determine el reglamento interno de cada Consejo Social, lo que puede provocar retrasos importantes en decisiones urgentes.
Riesgos operativos
Otro de los puntos que más preocupa a las universidades es la capacidad que se otorga a los Consejos Sociales para firmar convenios con entidades externas, una función que hasta ahora estaba reservada al rectorado. Esto introduce el riesgo de descoordinación interna, duplicidades y posibles conflictos administrativos.
Desde las universidades se advierte que estos cambios no sólo afectan a su funcionamiento diario, sino que modifican el equilibrio de poderes internos, dando más peso a un órgano que no representa directamente a la comunidad académica.
Rechazo institucional
El rechazo ha sido rotundo y generalizado. Ambos claustros universitarios, los Consejos de Gobierno de la ULL y la ULPGC, el Consejo de Estudiantes, exrectores de ambas instituciones y organismos como CRUE y CREUP se han pronunciado contra la ley. Todos coinciden en que la norma fue aprobada sin diálogo efectivo ni participación de las universidades.
Desde el sector universitario se insiste en que no se oponen al papel de los Consejos Sociales como espacios de conexión con la sociedad, sino a que se les conceda un rol decisorio en cuestiones internas y académicas. Reivindican la importancia de mantener la gobernanza en el ámbito universitario, por su conocimiento técnico, independencia y continuidad institucional.
Modelo exportable
Mientras tanto, desde la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas se ha señalado que la norma canaria podría convertirse en un modelo a seguir en otras comunidades autónomas. Su presidente, Antonio Abril, ha defendido la necesidad de transformar la universidad española y considera esta ley una vía para hacerlo.
Las universidades públicas, por su parte, insisten en que ya están estrechamente conectadas con su entorno. Citan ejemplos concretos de colaboración con empresas, desarrollo de titulaciones adaptadas a la demanda laboral, y participación en foros estratégicos como el Consejo de la Competitividad. En su opinión, reforzar esos vínculos no requiere cambiar el modelo de gobernanza, sino apostar por la cooperación institucional y el fortalecimiento de la universidad pública.