El Decreto de distribución de menores migrantes aprobado por el Gobierno ha abierto una fractura entre comunidades autónomas y ha desatado un cruce de acusaciones que involucra al independentismo catalán.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido tajante: "No admitiré lecciones de solidaridad de quienes pactan con un supremacista identitario", en referencia a Carles Puigdemont y el acuerdo entre el Ejecutivo y Junts.
PP, intransigente
La medida, que impone el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, ha sido fuertemente criticada por autonomías gobernadas por el PP, que han anunciado recursos judiciales.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado el decreto de "atropello" y ha asegurado que su comunidad "va a recurrir sí o sí". En Madrid, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha recriminado que sea "un partido independentista" el que informe sobre el reparto.
"Traje a medida"
Desde Galicia, la conselleira Fabiola García ha tachado el acuerdo de "un traje a medida hecho para beneficiar a Cataluña", mientras que la consejera de Política Social de Aragón, Carmen Susín, ha acusado al Gobierno de convertir a los menores migrantes en "rehenes de una negociación insolidaria e injusta".
En la misma línea, la diputada andaluza del PP Maribel S. Torregrosa ha calificado el pacto de "discriminatorio e inconstitucional", mientras que desde Baleares, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha advertido que su comunidad está "al límite" de su capacidad de acogida.
"Una cuestión humanitaria"
Por su parte, autonomías como Euskadi y Canarias han llamado a la responsabilidad de las comunidades y han exigido un plan de migración estatal para abordar esta situación como un problema estructural y no coyuntural.
El Gobierno de Ceuta (PP) también ha respaldado el decreto, asegurando que ofrece una "solución eficaz" a la sobreocupación en regiones de frontera como la suya o Canarias.
Torres confía en Page
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el decreto busca una distribución justa y ha insistido en que "un menor que llega a cualquier territorio de España está llegando al conjunto del país".
Torres ha pedido tiempo para que los presidentes autonómicos "conozcan bien el texto" y ha subrayado que "no es de justicia que los menores estén hacinados en territorios de frontera".
Cataluña acoge el doble que Madrid
El reparto de menores revela un desequilibrio significativo entre comunidades. Cataluña acoge a 2.242 menores, más del doble que Madrid (937), mientras que La Rioja solo tutela a 13 y Cantabria, 22. Canarias, la región más tensionada, tiene 5.875 menores bajo su tutela, mientras que Ceuta acoge a 500 y Melilla, a 200.
El pacto con Junts establece que Cataluña solo recibirá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid acogerá más de 700. La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el acuerdo es "temporal y podrá revisarse en un año", en función del contexto de cada autonomía.
Conferencia Sectorial
El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado para abril una Conferencia Sectorial con las comunidades para cerrar los criterios definitivos de distribución. La ministra Sira Rego ha advertido que las autonomías "deben cumplir la ley" y ha recordado que existen mecanismos para sancionar "de manera oportuna" a quienes se opongan al reparto.
Mientras la tensión política sigue escalando, la realidad en Canarias y Ceuta es insostenible. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para certificar cuántos menores están atendiendo, un dato clave para determinar la nueva redistribución y aliviar la sobrecarga de las regiones de frontera.