El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno de Canarias y a la Administración del Estado que presenten cada quince días un informe conjunto detallando los avances en la atención a más de un millar de menores migrantes no acompañados que permanecen en el Archipiélago.
La resolución, dictada el 2 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, señala que los escritos de alegaciones y la documentación aportada por ambas partes han sido incorporados formalmente al procedimiento. A partir de ello, se establece un seguimiento periódico obligatorio: “Cada 15 días, las partes deberán remitir a la Sala un informe conjunto sobre los avances producidos en ejecución de lo acordado”.
Este nuevo control judicial se impone tras una vista celebrada a finales de mayo, en la que el alto tribunal constató que el Gobierno central no había avanzado en el cumplimiento de la medida cautelar adoptada el pasado 25 de marzo, a petición del Ejecutivo canario.
Acuerdo Estado-Canarias
Según expuso la Abogacía del Estado, que representó al Gobierno de España en dicha sesión, no se había evaluado individualmente a ninguno de los menores solicitantes de protección, alegando que Canarias no había remitido la información necesaria para ello.
Durante la vista, el Supremo advirtió que no se había elaborado un listado oficial de los menores afectados, no se habían destinado recursos específicos y tampoco se habían activado los protocolos de colaboración con la comunidad autónoma.
Tras el dictamen del alto tribunal que establecía que los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y han solicitado asilo deben ser acogidos por el sistema estatal de protección internacional, ambas administraciones alcanzaron un acuerdo para dar respuesta a la situación.
1.290 plazas
El Gobierno central ofreció al Ejecutivo canario un total de 650 plazas para acoger a estos menores. No obstante, desde Canarias se insiste en que es urgente activar la totalidad de las 1.290 plazas que, según interpretan, exige la sentencia del Supremo.
En concreto, se han propuesto 400 plazas definitivas en el Creade de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que se suman a las 250 plazas de tránsito en el cuartel Canarias 50, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Este último centro, que ya daba cobertura a mujeres y familias con menores, será adaptado para prestar atención temporal a los menores hasta que puedan ser derivados a la península.