El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes que los conflictos institucionales entre el Estado y las comunidades autónomas han experimentado una notable reducción en los últimos años, reflejada en la caída de recursos ante el Tribunal Constitucional: se ha pasado de 236 procedimientos registrados entre 2012 y 2018 a poco más de un centenar desde entonces, un dato que atribuyó al refuerzo del diálogo institucional.

Torres realizó estas declaraciones durante unas jornadas celebradas en el Parlamento de Canarias, donde defendió que la negociación previa se ha convertido en la herramienta principal para evitar la judicialización de los desacuerdos políticos y territoriales, apostando por mecanismos estables de cooperación entre administraciones.

Más acuerdos y menos litigios

El ministro explicó que esta estrategia ha permitido alcanzar cerca de 300 acuerdos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas desde 2018, lo que supone un incremento del 66 % respecto al periodo anterior. A su juicio, este aumento evidencia un cambio en la forma de gestionar los desacuerdos mediante fórmulas de negociación previa.

En este sentido, señaló que antes de recurrir al Tribunal Constitucional el Ejecutivo abre procesos de diálogo con los gobiernos autonómicos, lo que ha contribuido a rebajar la confrontación institucional. No obstante, admitió que persisten discrepancias relevantes, como el recurso presentado contra una ley presupuestaria de la Comunidad Valenciana por posibles vulneraciones del marco constitucional relacionadas con derechos sindicales.

Relaciones Canarias-Estado

Torres también defendió la relevancia de los mecanismos de relación entre Canarias y el Estado, especialmente en materia de transferencias competenciales. Según indicó, el ministerio que dirige suele recibir críticas incluso por cuestiones ajenas a sus atribuciones, ya que los desacuerdos son los que acaban teniendo mayor visibilidad pública, frente al trabajo cotidiano de coordinación administrativa.

Durante su intervención, el ministro abordó además el contexto internacional y advirtió del riesgo que, a su juicio, supone el avance de la extrema derecha para determinados derechos laborales. Citó el caso de Argentina como ejemplo de decisiones adoptadas desde gobiernos democráticos que, según afirmó, afectan negativamente a la clase trabajadora mediante medidas como ampliaciones de jornada o restricciones al derecho de huelga.

Memoria democrática

En contraste, Torres defendió las políticas laborales impulsadas en España y aseguró que medidas como el salario mínimo interprofesional no han provocado efectos negativos en la economía, pese a las críticas iniciales de algunos sectores empresariales. Por el contrario, sostuvo que han contribuido a dinamizar la actividad económica y a consolidar al país como una "locomotora económica".

El ministro cerró su intervención reivindicando el papel histórico del movimiento sindical durante la dictadura y la transición democrática, destacando los sacrificios personales que permitieron conquistar derechos sociales y laborales. Asimismo, subrayó el peso de Canarias en las políticas de memoria democrática, mencionando actuaciones como las exhumaciones en Tenoya (Arucas) o el reciente acto celebrado en Tefía (Fuerteventura), que calificó como ejemplos de reparación histórica.

Torres añadió que Canarias es uno de los pocos territorios donde dirigentes del Partido Popular participan en actos vinculados a la memoria democrática y defendió que la recuperación de restos humanos no responde únicamente a una cuestión material, sino a la restitución simbólica de vidas y dignidades vinculadas a la memoria colectiva.