El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha demandado este lunes un cambio legal en las competencias autonómicas para que las responsabilidades referidas a los menores desamparados se circunscriban únicamente a los que nacen en cada comunidad y, por tanto, el reparto de menores inmigrantes se comparta entre todos los territorios de manera "solidaria".
Así se ha expresado el presidente canario este lunes durante una rueda de prensa en Lanzarote para hacer valoración del curso político y tras reunirse con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la isla, Dolores Corujo.
En este sentido, Torres ha destacado el acuerdo, con una partida de 50 millones de euros, para trasladar desde Canarias a otras comunidades autónomas la tutela de unos 600 menores no acompañados y aliviar así la presión sobre la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que llegó a rozar la gestión de cerca de 3.000 menores no acompañados durante el pico migratorio experimentado en los primeros meses de 2022.
"No estamos contentos"
"No estamos contentos con ese número. Se trata de cambiar la ley y eso lo tienen que hacer las Cortes. La única solución es que la competencia de los menores, que están ahora en manos de las comunidades autónomas, lo sea para los menores que nacen en esas comunidades. Tal y como está la ley actualmente, lo que ocurre es que las comunidades fronterizas asumen la responsabilidad de los menores que llegan, como sucede en Canarias, Ceuta o Melilla", ha explicado.
La derivación de los menores no acompañados, ha insistido Torres, debería ser "obligatoria", si bien ha valorado que la situación haya mejorado tanto con ese acuerdo como por la "normalización" del flujo migratorio que se ha producido en los últimos meses, especialmente a raíz del levantamiento de las restricciones al tránsito de personas con motivo del fin de la situación de alerta sanitaria, lo que permite a los migrantes continuar hacia sus destinos.
A la par, ha insistido Torres, se debe seguir "luchando contra las mafias que trafican con personas" y "echar una mano en momentos difíciles" con la cesión de infraestructuras y recursos "como hizo el Cabildo de Lanzarote frente a otros que cerraban todas las puertas de sus competencias", ha concluido.