El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes el Real Decreto Ley sobre el reparto de menores no acompañados, asegurando que el Gobierno de España "no impone, ni beneficia ni perjudica" a ninguna comunidad autónoma. En este sentido, ha advertido que no concibe que alguna región intente "ocultar" el número real de menores acogidos.
Durante su intervención en un acto por los 50 años de España en libertad, celebrado en La Laguna, Torres recordó que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para certificar cuántos menores tutelan actualmente. A partir de ahí, el Gobierno establecerá un reparto basado en criterios objetivos, determinando qué comunidades deben acoger más menores o si ya superan la capacidad que les corresponde.
Reproches a comunidades
El ministro insistió en que este mecanismo garantiza un reparto justo y equitativo, pero lamentó que algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, rechacen la medida e incluso amenacen con recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Torres fue contundente al criticar lo que considera un trato desigual en la acogida de menores, comparando la actual crisis con la respuesta que recibió la llegada de menores ucranianos. "¿Por qué con los niños de Ucrania no hubo problema y ahora sí? La única diferencia es el color de la piel", afirmó, tachando de xenofobia a quienes rechazan la acogida de menores migrantes.
Además, advirtió que las comunidades que aseguran estar saturadas deben demostrarlo con el certificado correspondiente. "Canarias va a demostrar que tiene miles de menores, cuando su capacidad ordinaria es de menos de 1.000. Si otra comunidad no manda el certificado, es que está ocultando la realidad", subrayó.
Reconocimiento a comunidades solidarias
Torres elogió la labor de regiones como Cataluña y el País Vasco, destacando que han asumido históricamente un esfuerzo mayor en la acogida de menores. El ministro hizo un llamamiento para que todas las comunidades actúen con solidaridad y responsabilidad ante esta situación humanitaria.
Con esta medida, el Gobierno busca una respuesta coordinada y equitativa que garantice los derechos de los menores no acompañados, evitando la sobrecarga en territorios fronterizos como Canarias, Andalucía o Ceuta y Melilla.