El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no iba de farol cuando anunció acciones legales tras la campaña emprendida a nivel nacional para tratar de forzar una imputación que nunca llegó.
Un juzgado de Arucas, en Gran Canaria, ha admitido a trámite la demanda de Torres contra el comisionista de la trama de las mascarillas, Víctor de Aldama, por una intromisión ilegítima en su derecho fundamental al honor, según avanza la Cadena SER.
El ministro reclama una indemnización de 60.000 euros tras las declaraciones en las que el empresario insinuó que el dirigente socialista pudo percibir una mordida. También aseguró que había acudido, junto al exministro José Luis Ábalos, a un inmueble con prostitutas en Madrid.
El órgano judicial ha dado traslado de la demanda a Aldama y le concede un plazo de 20 días hábiles para responder, con el correspondiente apercibimiento legal en caso de ignorar el requerimiento.
Coartada pericial y el aval de la UCO
El escrito presentado por la representación legal de Torres no se limita a un desmentido retórico, sino que está respaldado por una batería de documentos para desmentir a Aldama, entre ellos un informe pericial. Este dictamen certifica que el expresidente canario ni siquiera se encontraba en Madrid en las fechas señaladas por el conseguidor.
Además de estas pruebas documentales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no halló indicio alguno de cobro ni atribuyó irregularidad penal a Torres en los expedientes de adjudicación de material sanitario durante la pandemia en Canarias, causa que continúa bajo la lupa de la Audiencia Nacional sin reproche penal contra su persona.
El análisis pericial aportado al juzgado de Arucas incide en la magnitud del perjuicio causado. El dictamen acredita que las manifestaciones de Aldama alcanzaron una "difusión masiva" de "impacto nacional e internacional", generando un deterioro reputacional de "singular gravedad" que resulta muy superior al que suele registrarse en las habituales controversias políticas o judiciales, detalla la SER.
Este extremo refuerza de manera objetiva la severidad del daño moral directo sufrido tanto por el ministro como por su entorno familiar, justificando el elevado importe indemnizatorio reclamado.
Los méritos de Aldama
La admisión a trámite de la demanda sitúa a Víctor de Aldama en una posición aún más comprometida dentro de su laberinto procesal.
El empresario, considerado por los investigadores como el nexo corruptor y comisionista clave del caso Koldo, está condenado a cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho en el marco del caso Mascarillas. Actualmente se encuentra en libertad por su colaboración con la justicia, al contrario que Ábalos o el propio Koldo.
También se le investiga por un macrofraude en el sector de los hidrocarburos, con una supuesta evasión de más de 180 millones de euros en el IVA de los carburantes, además de las pesquisas por blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal ligadas a las comisiones de Soluciones de Gestión y sus vínculos con el rescate de Air Europa.
Ahora, mientras intenta amortiguar sus responsabilidades penales en Madrid, deberá responder ante la justicia civil canaria para evitar una condena al pago de una indemnización por intromisión ilegítima en el honor de Torres.
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