El acuerdo suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para incrementar la oferta pública de vivienda en la capital mediante la construcción de 263 viviendas protegidas de promoción pública, ya está reflejado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con fecha de finalización de obra.
Esta nueva construcción se enmarca en el Plan de Vivienda de Canarias 2020‑2025, cuyo objetivo es reforzar el parque de alquiler social y asequible ante la dificultad creciente de muchas familias para acceder a una vivienda digna.
Dónde se construirán las nuevas viviendas
El convenio contempla dos actuaciones concretas en suelo municipal: 37 viviendas protegidas públicas (VPP) en el barrio de María Jiménez y 226 VPP en la zona de Cuevas Blancas.
Las parcelas, su localización, superficie y referencias catastrales figuran detalladas en un anexo técnico, junto con la estimación del número de viviendas y superficie construida para cada promoción.
Plazos de ejecución de las obras
Las administraciones fijan un calendario orientativo para la ejecución de los proyectos, con plazos diferenciados para cada actuación.
La promoción de las 37 viviendas en María Jiménez tiene como fecha prevista de finalización el 19 de febrero de 2027, mientras que las 226 de Cuevas Blancas deberían estar terminadas el 1 de febrero de 2029, tras un proceso que incluye licitación, adjudicación, replanteo y certificado final de obra.
Presupuesto y quién paga qué
El convenio para levantar las 263 viviendas públicas en María Jiménez y Cuevas Blancas se apoya en una fórmula de financiación compartida entre tres administraciones. Hasta ahora, el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) había sostenido el proyecto mediante subvenciones directas al Ayuntamiento por un total de 16,7 millones de euros, destinados primero a cerrar la financiación de las 37 viviendas de María Jiménez y a una parte de las 226 de Cuevas Blancas.
El Consistorio, además, ha puesto el suelo y ha asumido todos los costes de urbanización de ambas promociones.
Cooperación
La pieza que faltaba para cuadrar las cuentas de Cuevas Blancas era una inyección adicional de fondos, ya que esta actuación se considera técnicamente indivisible y no puede ejecutarse por fases. A día de hoy, quedaba por cubrir una estimación de 25 millones de euros para completar la obra.
El convenio articula una cooperación interadministrativa de carácter plurianual que permite programar la financiación en varias anualidades, ligada al avance real de los trabajos, lo que soluciona el problema planteado.
ICV y Cabildo de Tenerife
En ese esquema entra el Cabildo de Tenerife, que se incorpora como firmante y se compromete a aportar 6 millones de euros con cargo a su presupuesto de 2025 mediante una subvención al Ayuntamiento capitalino.
Esta participación se justifica en sus competencias de asistencia y cooperación a los municipios, así como en el impulso al desarrollo económico y social insular que supone ampliar el parque público de vivienda. Por su parte, el ICV completará la financiación pendiente con otros 19 millones de euros, distribuidos a partir de 2025 según el calendario financiero acordado.
Reparto de competencias
Según el convenio, el Ayuntamiento aporta el suelo y se hace cargo de la urbanización y de determinados costes asociados a las obras. El Instituto Canario de la Vivienda asume la redacción de los proyectos, la dirección facultativa y la ejecución de las obras, recibiendo finalmente la cesión de las viviendas una vez terminadas para su incorporación al parque público.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife participa en el marco de sus competencias insulares en materia de vivienda, reforzando la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias en la isla.
Titularidad de las viviendas
Una vez terminadas las obras, ni el Ayuntamiento ni el Cabildo conservarán la titularidad de las promociones, pese a su aportación económica y de suelo. El convenio establece que todas las viviendas resultantes serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público autonómico.
El ICV asumirá la gestión integral y los procedimientos de adjudicación, aplicando la normativa vigente y aprovechando su experiencia para garantizar una administración más eficiente y coordinada de las 263 viviendas protegidas.