La puesta en marcha del nuevo Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Santa Cruz de Tenerife -un modelo que combina el servicio y prestaciones económicas indirectas-, ha sido objeto de numerosas quejas a las que ha dado respuesta, en Atlántico Hoy, la concejal de Acción Social del Ayuntamiento capitalino, Charín González, afirmando que “el municipio contará con dos fórmulas de prestar el servicio”.

“Hemos aprobado que la ayuda a domicilio también se pueda gestionar a través de prestaciones económicas de asistencia social”, explica la concejal subrayando que “esto no quiere decir que vaya a cambiar nada de lo anterior”.

Dos vías: contrato y PEAS

González apunta que las referidas fórmulas implican que, por un lado, el servicio se dispense a través de contrato, como hasta ahora, y, por otro, se realice de acuerdo a las nuevas prestaciones económicas vinculadas a la ayuda a domicilio, que las personas podrán solicitar de manera individual a través de los servicios sociales. 

Este modelo encaja con la Ordenanza de Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) aprobada recientemente, que permite complementar el sistema actual del SAD con ayudas económicas para contratar el servicio dentro de una bolsa de entidades autorizadas.

Mayor respuesta

La concejal defiende que, lejos de recortar, la intención es ampliar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento, atendiendo también a otros usuarios que no pueden optar al contrato del SAD actual.

“Precisamente de lo que se trata es, al revés, de ampliar, de compaginar otras fórmulas que no sea exclusivamente un contrato, porque los contratos tienen limitaciones, tienen unos cupos… Sin embargo, teniendo ahora la opción de tener esta posibilidad de prestaciones en concepto de ayuda a domicilio, sí tenemos la herramienta como Ayuntamiento de poder dar respuesta a personas que no puedan incluirse dentro de este contrato”.

Críticas sindicales

Mientras el Ayuntamiento presenta el modelo como una oportunidad para llegar a más personas, trabajadoras y sus representantes sindicales han puesto el foco en las sombras del sistema actual y en las dudas sobre el futuro. Desde el sindicato Unión de Técnicas Sociosanitarias del SAD se ha denunciado -también en declaraciones a Atlántico Hoy- la existencia de hogares en situaciones “muy graves” de vulnerabilidad que no estarían recibiendo la atención adecuada, pese a que las profesionales registran incidencias de forma continuada.

Además, temen que, si ya es difícil controlar a una empresa, esa tarea se complique con la entrada de “cuatro o cinco empresas” diferentes, según declaraciones de las trabajadoras del SAD

Mismo control

Al respecto, la titular de Acción Social se desmarca de esas críticas y puntualiza que se trata de la afirmación "que están haciendo los sindicatos” y de la que ella no tiene constancia. “En este sentido no puedo coincidir con estas declaraciones porque a nosotros no nos consta esta situación”, recalca.

Frente a las críticas, insiste en que cuando el Ayuntamiento recibe notificaciones de la empresa, “las técnicos responsables o la parte técnica del Ayuntamiento se encarga de realizar las acciones oportunas” y afirma que “se seguirá haciendo el mismo control en el caso de que sea una o varias empresas”. 

Miedo a perder el empleo

Uno de los miedos que planea sobre el nuevo modelo es la posible pérdida de empleo o el deterioro de las condiciones laborales. González intenta despejar esa preocupación y destaca la continuidad de lo ya existente.

“Seguimos con el contrato como está ahora, por lo tanto, las trabajadoras van a seguir con las condiciones que tienen conforme a su convenio colectivo, al propio de su profesión, que es en base a toda Canarias”.

Subrogación del personal

La concejal asegura que la nueva contratación (que está en preparación) “va a incluir el que se mantengan los puestos de trabajo, el que la empresa -si cambia o no cambia-, tenga subrogación del propio personal”. 

Partiendo de lo expresado comenta no entender la naturaleza de las críticas que han surgido. “No llego a comprender del todo cuáles son estas quejas, porque realmente en ningún momento se ha dicho que se vaya a finalizar el contrato que se tenga”.

Abono de atrasos

Otra cuestión que ha formado parte de las idas y venidas respecto al servicio a domicilio, giraba en torno a la deuda pendiente a la empresa. González recuerda que la Junta de Gobierno declaró el contrato “de urgencia”, lo que ha permitido que el servicio se mantenga “a día de hoy”. 

“Ya abonamos a la propia empresa 6 millones de euros, porque sí es verdad que teníamos un retraso en cuanto a la facturación, pero la semana pasada hacíamos el abono de 6 millones de euros, ahora estamos tramitando también la cuantía que queda pendiente”, detalla, como muestra de que la relación contractual sigue vigente.

¿Municipalizar?

Desde el ámbito sindical, la municipalización del servicio se ha ido colocando como la gran reivindicación de fondo, una salida que, a juicio de las trabajadoras, permitiría un mayor control público y menos espacio para la precarización. Algunas organizaciones señalan que, “desde Mararía hasta ahora”, el SAD no ha funcionado como debería y reclaman que sea el Ayuntamiento quien asuma directamente la gestión.

González reconoce que “a mi parecer creo que esta cuestión, realmente, es el fin de todas estas quejas. Lo que se está buscando es tener un servicio 100% municipal”, pero deja claro que no está en la ruta del gobierno local. “Desde el primer momento he sido clara de que esa no es la línea que sigue este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

Gestión público privada

La concejal apunta incluso a la contradicción que observa en parte de la oposición, asegurando que hay partidos que “animan a eso (municipalizar) a los propios sindicatos”, pero que “después, cuando están gobernando en municipios, no lo ponen en práctica”. 

A día de hoy, considera que son “muy poquitos los ayuntamientos de Canarias que tengan gestión directa” y, frente a la municipalización, reivindica la colaboración público-privada, “que creemos que va a dar el mejor servicio y sobre todo mejor respuesta a los vecinos y vecinas de Santa Cruz”.

Prestaciones económicas

Más allá del debate político y laboral, el cambio llegará a las personas usuarias a través de las prestaciones económicas de asistencia social vinculadas al SAD, unas cuantías que estarán destinadas a sufragar unos servicios demandados por la persona usuaria.

González insiste en que no se trata de que la persona reciba el dinero directamente, sino de un pago indirecto gestionado por el Ayuntamiento. “Las prestaciones las pueden solicitar cada persona o vecino de Santa Cruz de manera individual y se hará mediante pago indirecto a través de alguna de las entidades que tenga convenio con nosotros”, explica. 

Como las tarjetas de alimentación

A modo de ejemplo, la concejal recurre al funcionamiento de las tarjetas de alimentos: “Cuando una persona viene a pedir una ayuda de alimentos es igual, es una prestación en concepto de ayuda de alimentos, pero la persona no recibe una cuantía económica, sino lo que recibe es una tarjeta que le permite comprar en un supermercado”

Detalla que, en cualquier caso, no hay un trato directo de la persona con la empresa, sino esa gestión la hace el propio Ayuntamiento precisamente para facilitar al vecino el trámite.

Sistemas paralelos, pero no acumulables

La convivencia entre el contrato tradicional y las nuevas prestaciones económicas ha suscitado también dudas sobre si podrán combinarse para una misma persona. González es clara: “Son excluyentes para la misma persona”, de modo que cada usuario deberá recibir la ayuda por una de las dos vías.

Eso no impide que ambos sistemas funcionen en paralelo y amplíen el alcance global del SAD. “Podemos tener un grupo de 200 personas que estén a través del contrato y otro grupo de 150 personas que estén a través de prestación. O sea, son excluyentes para la misma persona, pero vamos a tener a la par los dos sistemas de gestión funcionando”, explica.

“No dejar solos a los vecinos”

La concejal subraya que, tanto en el contrato como en las prestaciones, la puerta de entrada seguirá siendo la red de servicios sociales municipales. “Realmente las personas van a su trabajador social de referencia y es el trabajador social quien determina qué tipo de servicio necesita, siendo acompañado en el procedimiento”, señala.

“Nosotros no estamos dejando nunca a nuestros vecinos y vecinas solos, sino todo lo contrario”, afirma y añade que, además de valorar la necesidad de ayuda a domicilio, los equipos municipales orientan sobre otros recursos: “En muchas ocasiones les ayudamos también a establecer otros procedimientos, como puede ser la tramitación de la ley de dependencia”.

El objetivo, insiste, es que “la ciudadanía conozca los derechos que tiene y las prestaciones a las que puede acceder”.