El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este viernes la retirada inmediata del conocido como monumento a Franco. La propuesta, defendida por el PSOE en el pleno municipal, no prosperó tras recibir el voto en contra de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, que sostuvieron que el Consistorio debe ajustarse al procedimiento legal vigente antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del conjunto escultórico.
La iniciativa socialista llegó al pleno pocos días después de que el Gobierno de Canarias descartara la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una resolución que, a juicio del PSOE, elimina uno de los principales argumentos esgrimidos hasta ahora para mantener la obra en su actual ubicación.
Memoria Democrática
La concejala socialista Patricia Hernández defendió que, una vez cerrada la vía patrimonial del BIC, el Ayuntamiento debe proceder a cumplir tanto la Ley Canaria de Memoria Histórica como la Ley estatal de Memoria Democrática. Durante el debate acusó al grupo de gobierno y al resto de formaciones que rechazaron la moción de mantener una estrategia de "obstaculización permanente", recurriendo, según afirmó, a "excusas peregrinas" y a distintos procedimientos judiciales para retrasar cualquier actuación.
Frente a esa posición, los grupos que sustentaron el rechazo insistieron en que el Consistorio carece, a día de hoy, de respaldo jurídico suficiente para ordenar el desmontaje del monumento.
¿Exaltación del franquismo?
El portavoz de Vox, Luis de los Reyes Sosa, sostuvo que el conjunto escultórico figura catalogado por la Fundación Juan de Ávalos como un "monumento a la paz" y defendió que la obra no vulnera la legislación vigente al carecer, según indicó, de elementos de exaltación del régimen franquista, referencias expresas a sus dirigentes o símbolos como escudos o inscripciones.
El edil también afirmó que la figura representada por un joven con una espada es completamente anónima y recordó que el escultor Juan de Ávalos fue represaliado por su militancia socialista y republicana antes de exiliarse en Portugal. En su intervención acusó al PSOE de recurrir nuevamente al debate sobre Franco para desviar la atención política.
PP: "Monumento a la paz"
La concejala del Partido Popular Zaida González compartió esa interpretación y reprochó al PSOE utilizar la memoria del franquismo con fines partidistas y para dividir a la sociedad.
La edil defendió igualmente que la obra debe entenderse como un "monumento a la paz" y sostuvo que, aunque existen documentos históricos como un informativo del NO-DO que presentan el conjunto desde una óptica de exaltación del régimen, será la Justicia quien determine el alcance de esos antecedentes si finalmente existe un procedimiento judicial.
Asimismo, insistió en que el arcángel representado en la escultura no simboliza ningún elemento franquista y que la figura principal únicamente representa a Franco de forma alegórica, sin reproducir su imagen ni incorporar placas o referencias que identifiquen expresamente el monumento con la dictadura.
No cabe una retirada inmediata
Por parte de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez defendió que la posición de su formación no ha cambiado durante los últimos años y reiteró que el Ayuntamiento debe limitarse a cumplir la legislación "en sus estrictos términos y condiciones".
El concejal sostuvo que la retirada inmediata del monumento no resulta legalmente posible en estos momentos y recordó tanto el historial personal de Juan de Ávalos como el valor artístico y patrimonial que distintos informes atribuyen al conjunto escultórico, cuya tasación, según señaló, algunas valoraciones elevan hasta los 50 millones de euros.
Además, emplazó al Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, a ordenar directamente el derribo si considera que existen suficientes fundamentos jurídicos para ello y asumir las posibles consecuencias legales derivadas de esa decisión.
Sin tomar atajos
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, intervino para fijar la posición definitiva del gobierno municipal. El regidor aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la legislación "tal y como está escrita", pero recalcó que actualmente no existe ninguna declaración oficial que permita considerar el monumento como un vestigio franquista.
Bermúdez recordó que antes de adoptar cualquier medida será necesario aprobar y publicar un nuevo catálogo de vestigios franquistas, después de que el anterior fuera anulado por los tribunales, además de culminar la estrategia canaria de memoria.
El alcalde señaló que, hasta la fecha, ni el Gobierno de Canarias ha certificado oficialmente que el monumento deba ser considerado un vestigio franquista ni el Ministerio de Memoria Democrática ha concluido el expediente abierto para incorporarlo al catálogo estatal.
Tres informes
También explicó que el Ayuntamiento conoció por los medios de comunicación el rechazo de la declaración como Bien de Interés Cultural y añadió que el Consistorio dispone de tres informes que apuntan a la posible existencia de valores artísticos susceptibles de protección.
A su juicio, esa disparidad de criterios técnicos introduce dudas sobre el tratamiento patrimonial de la obra, independientemente del debate político o histórico que suscita.
No obstante, Bermúdez reconoció que, desde un punto de vista personal, considera que el conjunto escultórico constituye un homenaje a la victoria de Francisco Franco, aunque insistió en que esa apreciación no puede sustituir la certificación oficial que exige el procedimiento administrativo. "No vamos a recurrir a atajos", concluyó el alcalde durante el debate plenario.