Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. / Archivo
Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. / Archivo

El monumento a Franco cumple 60 años sin saber si acabará desahuciado o coronado como BIC

Ha sobrevivido a la retirada de homenajes a la dictadura desde que España creara la ley de memoria histórica en 2010, y ahora se encuentra en el centro del debate sobre si retirarlo, resignificarlo o blindarlo como Bien de Interés Cultural

Cumple 60 años y ahí sigue, desafiando la lógica de los tiempos, una escultura de granito de 14 metros en homenaje al militar que llevó a España a una guerra civil y la sumió en una dictadura durante 40 años. El monumento a Franco (oficialmente Monumento a la Victoria, aunque nadie lo llame así) se inauguró el 17 de marzo de 1966, y continúa firme e inevitable en la confluencia de dos importantes vías de la capital tinerfeña, la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga, mientras las instituciones y la población de la isla debaten qué hacer con él

"No sé qué sigue haciendo aquí", comentaba en redes sociales hace unos días el escritor David Uclés, que se dio a conocer con una novela sobre la Guerra Civil, "es una buena efeméride para fundirla", dijo recordando las seis décadas que cumple ahora. El conjunto, firmado por Juan de Ávalos, se compone de una figura de Franco portando una espada en forma de cruz cristiana, en pie sobre un arcángel con las alas extendidas, en referencia al avión Dragon rapide que lo llevó a Marruecos desde Canarias durante la sublevación militar.

¿Retirar o proteger?

Este "monumento mastodóntico", como lo llamó Uclés, ha sobrevivido a la retirada paulatina de homenajes a la dictadura y al dictador que se ha ido sucediendo desde que España creara la ley de memoria histórica en 2010, bien entrada ya la democracia. Actualmente, se encuentra en el centro de dos procesos administrativos opuestos: por un lado, la creación de un catálogo de vestigios franquistas, del que formaría parte y que serviría de guía para su retirada o resignificación, y por otro, el estudio para ser considerado Bien de Interés Cultural (BIC), y por lo tanto, intocable. 

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática (España, 2022) y su desarrollo autonómico a través de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias obligan a identificar, catalogar y tratar los símbolos públicos que puedan constituir exaltaciones de la dictadura franquista. En este marco, en 2022 se encargó a expertos, entre ellos de la Universidad de La Laguna (ULL), elaborar un Catálogo de Vestigios Franquistas en Canarias.

Recomendación de retirar la escultura

El primero de esos tomos se centró en Santa Cruz de Tenerife e identificó 79 elementos vinculados al franquismo, entre ellos el monumento a Franco. Aunque la creación del catálogo no implica necesariamente su retirada, la resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que se aprobó el Catálogo de vestigios franquistas de Canarias (ya derogado) sí recomendaba la retirada del grupo escultórico, así como componentes asociados como escudos y placas, porque forma parte de una narrativa que “pretende significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal”.

María Isabel Navarro, catedrática de Historia del Arte y coordinadora del catálogo, ha defendido que el texto no proponía la demolición directa del conjunto escultórico, sino la retirada de elementos que constituían exaltación del franquismo, como la representación de Franco vestido con túnica y espada y los escudos de los partidos judiciales provinciales.

Catálogo tres veces suspendido

Tanto distintas asociaciones como el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, a quien no le agradó la idea de que el catálogo se centrara únicamente en su municipio, recurrieron este catálogo cuyo proceso se suspendió en tres ocasiones entre mayo y junio de 2023

La primera de estas suspensiones fue por un defecto de forma: la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces recurrió el documento por no haberse publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le dio la razón. El Gobierno publicó dos días después las 2.599 páginas del catálogo de vestigios franquistas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para subsanar el defecto. 

Algo más de una semana depués, el TSJC volvía a suspender cautelarmente el catálogo, esta vez a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por la aprobación de ''un catálogo de ámbito autonómico pero que solo se ha diseñado en exclusiva para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife''. El auto también señalaba que ''la inclusión de los monumentos, nombres de calles plazas y demás, y los títulos honoríficos que habrían de ser retirados ha de ser fundada y cuando menos discutida".

Después de la tercera paralización judicial, la última a instancia de la Asociación San Miguel Arcángel, y argumentada por el tribunal de nuevo por la falta de publicación del catálogo en el BOC y la falta de audiencia pública, finalmente, en enero de 2024 el Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria y Partido Popularrevocó el catálogo dejándolo sin efectos. 

Para no incurrir en parcialidades, el equipo redactor del Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias completó en abril de 2025 la tercera y última fase del documento, que consta de 9.300 páginas y un total de 428 elementos censados en todas las islas, y que se remitió al Gobierno autonómico, donde se encuentra aún en fase de revisión técnica y trámite interno y para su aprobación todavía queda un largo periodo. 

Bien de Interés Cultural

En paralelo al proceso del catálogo de vestigios, el monumento también se ha visto implicado en un procedimiento patrimonial distinto: su posible declaración como BIC en la categoría de Monumento.

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel fue la que solicitó en  al Cabildo de Tenerife que iniciara el trámite de declaración de BIC como forma de evitar su desmontaje en virtud de la ley de Memoria Democrática y subrayar su valor artístico y cultural.

En un primer momento, el Cabildo rechazó elevar la solicitud al Gobierno de Canarias alegando falta de valor artístico excepcional, pero la asociación llevó el caso a los tribunales, que obligaron a a la corporación insular a iniciar el expediente de BIC, en octubre de 2024. 

Resignificar: Monumento a la Concordia

Días después de iniciar el trámite, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife anunciaba la intención de renombrarlo como Monumento para la Concordia, un cambio que considera "imprescindible e inaplazable para adaptarla a los valores democráticos y de convivencia". 

Según Dávila, es clave "resignificar el monumento para que se convierta en un símbolo de unión, concordia y fortaleza futura para toda la sociedad tinerfeña, en lugar de perpetuar la exaltación de la victoria de un dictador que supuso los años más oscuros de nuestra historia reciente".

Expertos a favor y en contra

El Cabildo de Tenerife cumplió la sentencia y formalizó el inicio del expediente para declarar BIC al monumento el 24 de septiembre de 2024, solicitando dictámenes técnicos a instituciones especializadas, como la Universidad de La Laguna, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, el Museo Nacional de Escultura y el Colegio Oficial de Arquitectos, entre otros.

Los informes publicados llegan a diagnósticos contradictorios. Por un lado, la ULL ha expresado que la obra "no posee valores artísticos excepcionales" según criterios académicos contemporáneos, al ubicarla en un estilo académico desvinculado de las principales corrientes artísticas modernas. Tampoco el Museo de Historia de Tenerife considera que haya razones artísticas claras para protegerla según la ley.

Sin embargo, la Real Academia de Extremadura de las Letras y Las Artes ve mérito en protegerla como testimonio de una época histórica y artística concreta. 

"Excepcional y sobresaliente"

El Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, ha presentado alegaciones contra la declaración de BIC, argumentando que el monumento no cumple los requisitos de "carácter excepcional y sobresaliente" exigidos por la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y que su mantenimiento o reinterpretación serían incompatibles con la Ley de Memoria Democrática.

Por su parte, la escultura se encuentra en terreno municipal de Santa Cruz, donde su alcalde, José Manuel Bermúdez, asegura que no se opone a su retirada, pese a las trabas para aprobar el Catálogo de Vestigios Franquistas durante años. El edil afirma no tener "dudas sobre el significado del monumento" y exige aplicar la ley canaria "tal y como está escrita".