Abrir el grifo y no recibir ni una gota de agua se ha convertido estos días en una situación desesperante para vecinos de plantas altas de varios edificios de Santa Cruz de Tenerife. Mientras las viviendas más próximas a la calle mantienen el suministro, en algunos áticos y pisos superiores la presión ya no alcanza para llenar una ducha, poner una lavadora o cocinar con normalidad.
La reducción de presión aplicada en determinados puntos de la red para evitar nuevas roturas ha dejado al descubierto una realidad que, según explica Alberto Delgado, director comercial de Hidrogest Archipiélago, venía gestándose desde hace años con la "sobrepresión del agua" y que llevó a que numerosos edificios eliminaran sus antiguos aljibes y equipos de presión al conectarse directamente a la red.
Obligación y responsabilidad
“En ningún caso se ha dejado sin suministro”, sostiene Delgado, quien diferencia entre la obligación de llevar agua hasta la acometida del inmueble (el contador) y la responsabilidad de cada comunidad para hacerla llegar hasta las viviendas más altas, asegurando, además, que este problema se está produciendo en diferentes zonas de Santa Cruz e, incluso, de la isla.
El problema de esta situación, según expone, aparece cuando la presión de entrada del agua disminuye y el edificio ya no cuenta con instalaciones propias para compensarla.
Una presión excesiva durante años
Los vecinos afectados han relatado que, antes de los cambios recientes, algunos inmuebles recibían entre cinco y seis kilos de presión. Para Delgado, se trata de una cifra elevada para una red de abastecimiento urbano.
Como referencia, señala que una vivienda unifamiliar suele funcionar correctamente con entre 2,5 y 3 kilos de presión. Sin embargo, en un bloque de varias alturas la situación es más compleja ya que el agua debe vencer la altura del edificio y, además, distribuirse en momentos de gran consumo, como las primeras horas de la mañana o las horas del consumo doméstico en horas de tarde y noche.
Recuperar los aljibes
“La presión que llega a la acometida del edificio no es la misma que llega a la última planta”, resume y añade que las instalaciones colectivas suelen incorporar bombas reductoras en las zonas bajas y equipos de bombeo que permiten elevar el agua hasta los pisos superiores.
Durante años, la elevada presión disponible en algunos puntos de Santa Cruz permitió que muchas comunidades prescindieran de esos sistemas. Se anularon aljibes, se hicieron conexiones directas a la red y se redujeron gastos de mantenimiento. Pero, al bajar ahora la presión, esa solución aparentemente sencilla ha dejado de funcionar.
El edificio, ante una obra urgente
Delgado subraya que existen edificios que sí han mantenido sus equipos de impulsión, salas de máquinas y depósitos en condiciones adecuadas. En esas comunidades, asegura, los problemas han sido menores o se han resuelto reactivando instalaciones existentes.
La dificultad se concentra en los inmuebles que eliminaron sus sistemas de reserva. En estos casos, las comunidades deben estudiar qué alternativa se adapta a sus condiciones técnicas y económicas.
Opciones
La opción más asequible, según el experto en estos servicios, puede consistir en instalar una bomba con variador de velocidad después del contador. Este equipo permite aumentar la presión y llevar el agua a las plantas superiores sin necesidad de recuperar un gran depósito.
No obstante, no es una solución automática. “No se puede poner una bomba a lo loco”, advierte Delgado y explica que antes hay que revisar la instalación, comprobar que existe espacio suficiente, valorar la potencia eléctrica disponible y cumplir las protecciones exigidas por el Código Técnico de la Edificación.
En algunos casos, la solución pasa por instalar un aljibe en la parte baja del inmueble, ya sea en un sótano o en las primeras plantas, junto a un equipo de bombeo más potente. Recuperar los antiguos depósitos en las azoteas, en cambio, puede resultar más complejo si se tiene en cuenta que el agua ya no llega por sí sola hasta arriba y que es imprescindible verificar que la estructura soporte el peso, además de cumplir con controles sanitarios, sistemas de cloración y mediciones de calidad del agua.
Entre 3.000 y 25.000 euros
La factura no es igual para todos. Depende del número de viviendas, del consumo previsto, de la altura del edificio, de la distribución interior, del espacio disponible y del estado previo de las instalaciones. “Cada edificación tiene sus propias especificidades y características”, matiza, por lo que no se aventura a dar cifras concretas.
Delgado estima que una actuación puede rondar los 3.000 euros en viviendas sencillas, pero alcanzar los 25.000 euros -o incluso más- en inmuebles grandes o con necesidades técnicas especiales. No es comparable, explica, abastecer a una veintena de pequeños apartamentos que a un edificio con numerosas viviendas, varios baños por piso, lavanderías o instalaciones comunitarias como piscinas.
No tienen agua ni capital
A lo ya expuesto se suma otro obstáculo, según palabras del profesional, y es el protagonizado por la falta de fondos disponibles para encargar siquiera el estudio previo y el proyecto técnico que necesitarían los afectados para solicitar ayudas públicas.
“Hay comunidades que pueden aprobar una derrama de urgencia y actuar, pero otras no tienen dinero ni espacio para instalar un equipo”, subraya. Mientras llega una solución, para algunos vecinos de las plantas altas la respuesta sigue siendo mucho más precaria y traumática ya que deben seguir tirando de garrafas de agua y esperar a que su comunidad encuentre una salida viable.
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