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Imagen del Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. / GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno da seis meses a Santa Cruz de Tenerife para retirar el monumento a Franco

La decisión del Ministerio llega después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazara este pasado viernes la retirada inmediata del monumento

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incorporado cuatro nuevos vestigios franquistas al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática, entre ellos el conocido como monumento a Franco, que tendría que ser desmantelado en "un plazo máximo de seis meses".

El ministro Ángel Víctor Torres ha dado a conocer este martes en rueda de prensa las nuevas incorporaciones. Allí ha explicado que la comisión técnica "ha determinado que el conjunto escultórico de la capital tinerfeña no tiene valor artístico ni cultural suficiente para su conservación o resignificación". Al parecer la resolución obliga a su retirada, aunque no a su destrucción, y prevé que sea "almacenado en una dependencia pública sin exhibición".

Exaltación

La obra, realizada por el escultor Juan de Ávalos e inaugurada en la década de los sesenta, es considerada por el Ministerio "un elemento de exaltación de la victoria franquista, al presentar la Guerra Civil como una cruzada salvadora".

Según el Ministerio también se incluye el monumento a los rumanos caídos, en Majadahonda, así como dos inscripciones de exaltación de José Antonio Primo de Rivera en las catedrales de Murcia y Almería.

Valor que justifique 

Torres insistió en que "ninguno de estos elementos cuenta con valor cultural que justifique su mantenimiento" y criticó los acuerdos de gobierno entre PP y Vox "en los que se plantea preservar determinados monumentos que suponen una exaltación del franquismo". 

La decisión del Ministerio llega después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazara este pasado viernes la retirada inmediata del monumento. La propuesta, defendida por el PSOE en el pleno municipal, no prosperó por el voto en contra de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, que defendieron que el consistorio "debe ajustarse al procedimiento legal vigente antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del conjunto escultórico".