El Gobierno de Canarias ha aprobado la ejecución de la denominada Planta de Emergencia Puerto Santa Cruz Tenerife, una instalación eléctrica antiapagones de 18 megavatios proyectada en el puerto chicharrero, y ha ordenado de forma paralela la modificación del planeamiento urbanístico afectado para permitir su implantación, ya que la parcela donde se pondrá la planta no está ordenada para tal uso.
El Ejecutivo autonómico fundamenta esta decisión en la situación de emergencia energética declarada en Canarias y en el riesgo de falta de cobertura del suministro eléctrico a corto plazo.
Grupos electrógenos antiapagones
La planta está promovida por Sampol I. y O. Canarias, S.L. y consiste en la instalación de diez grupos electrógenos de gasoil, con una potencia total de 18 MW, conectados a la red de alta tensión a través de la subestación Dique del Este. Se trata de generación gestionable diseñada para operar como respaldo en situaciones críticas del sistema eléctrico.
La actuación se tramita al amparo del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario, que prevé un procedimiento excepcional para obras de interés general. En virtud de este mecanismo, el acuerdo favorable del Gobierno legitima directamente la ejecución de la obra a pesar de que el suelo no esté ordenado, “sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística”, al tiempo que obliga a adaptar el planeamiento con posterioridad.
El propio decreto reconoce que existe una “inexistencia de planeamiento concreto que regule la implantación de este tipo de infraestructuras en la zona”, lo que justifica la elevación del proyecto al Consejo de Gobierno.
Sin localizaciones alternativas
Durante la fase de consultas, el Cabildo de Tenerife advirtió de que el proyecto no incluía un análisis de alternativas de localización ni una justificación expresa de la minimización de impactos ambientales, aunque señaló que la actuación no comprometía los objetivos de la Operación Singular Estructurante del frente marítimo de Santa Cruz-El Rosario. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comunicó que no era competente para informar la actuación al tratarse de suelo portuario y no municipal.
El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida en julio de 2025, en la que se concluye que la planta “no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, siempre que se cumplan las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia ambiental establecidas en la resolución.
Riesgos asociados
Durante la elaboración del Documento Ambiental del proyecto, sí que hubo algunas consideraciones clave por parte de Emergencias, de Salud Pública y del Ayuntamiento de Santa Cruz. Tal y como adelantó Atlántico Hoy, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias alertó sobre los riesgos asociados al almacenamiento de 400.000 litros de diésel en el entorno portuario: "No se ha valorado la posible presencia, dentro de la zona industrial en que se enmarca el proyecto, de otras instalaciones que, en caso de accidente, pudieran producir un efecto dominó, multiplicando las consecuencias de un accidente grave".
Asimismo, el ayuntamiento y Salud Pública manifestaron sus reticencias respecto al impacto acústico y ambiental de los generadores sobre barrios próximos como San Andrés, Valleseco o María Jiménez. Estos informes señalaban carencias en los estudios de ruido, emisiones y análisis de riesgos acumulados con otras instalaciones del puerto. Mientras tanto, el decreto habilita la ejecución de la planta y deja para una fase posterior la adaptación del planeamiento urbanístico portuario que deberá incorporar esta infraestructura.