El pasado 28 de enero, Santa Cruz de Tenerife aprobó inicialmente el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales tras casi seis años de elaboración. Este martes, el catálogo ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias para su consulta pública y la presentación de alegaciones a partir del miércoles. En el documento están contenidos 1.057 elementos que, a partir de la aprobación definitiva, estarán protegidos. De hecho, la capital ha suspedido provisionalmente el otorgamiento de cualquier tipo de licencia hasta que se apruebe el catálogo.
Pero hay varios edificios que, lamentablemente, no quedarán para el recuerdo, fruto de no haber llegado a tiempo para salvarlos y serán (o ya han sido) demolidos a pesar de la intención inicial de incluirlos en el catálogo.
Doce demolidos
Según recoge la memoria del proyecto aprobado inicialmente, en 2019-2020 se elaboró un borrador del Catálogo que recogía muchos de los bienes ahora incluidos en el definitivo, pero que también proponía proteger 12 edificios que fueron demolidos en los años siguientes, bien por obtener licencia bien por caerse solos (alguno incluso estuvo afectado por un incendio) y otros nueve edificios que han obtenido licencia de demolición antes de haberse aprobado definitivamente el documento y, aunque la mayoría todavía siguen en pie, no se salvarán.
La memoria no precisa cuáles eran los 12 que ya fueron demolidos. El documento se limita a afirmar que "al realizar el trabajo de campo y las visitas a los bienes que constan en el Borrador, se ha comprobado que 12 de los inmuebles propuestos se han demolido en tiempos más o menos reciente",
Nueve sentenciados
Sin embargo, si contiene una lista de los nueve que, pese a seguir en pie cuando fueron a verlos, ya estaban sentenciados.
"A lo largo del periodo comprendido desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025, se han solicitado por el procedimiento reglado, 15 licencias de demolición para algunos de los bienes que estaban en el documento Borrador. De ellas, nueve licencias se han concedido o tienen ya un informe técnico favorable tramitado", explica la memoria.
¿Dónde están?
Aunque los edificios estaban en pie al ser visitados, no pudieron ser incorporados al Catálogo, "considerando que estas licencias [de demolición] han sido concedidas de acuerdo con la situación legal vigente al no estar dichos elementos catalogados".
Se trata de edificios localizados en las siguientes ubicaciones:
- C/ Cervantes, 3 esquina C/ Alicante.
- C/ La Marina, 63-65.
- C/ Rambla de Pulido, 69.
- C/ San Francisco, 123-125.
- C/ Numancia, 20.
- C/ Luis Vives, 9.
- C/ Fernandez Navarro, 29.
- C/ Santa Rosalía, 18.
- C/ Santa Rosa de Lima, 7.
Según ha podido comprobar Atlántico Hoy, alguno de estos edificios, como es el caso del que había en Santa Rosa de Lima, número 7, ya han sido demolidos.
Santa Cruz intentó protegerlos
El Ayuntamiento de Santa Cruz había intentado en los últimos años evitar el mayor número de demoliciones posibles, después de haber quedado muchos bienes patrimoniales desprotegidos en 2020 con la anulación judicial del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013, que llevó al municipio a tener que volver al de 2005, un documento que carecía de un catálogo específico y actualizado de inmuebles protegidos.
Por esta razón, en 2021 y 2023 se dictaron sendas instrucciones para tratar de proteger inmuebles de potencial valor patrimonial que hubieran quedado en vilo, permitiendo denegar licencias de demolición o edificación no sólo a inmuebles catalogados en el PGO-2013 (ya sin vigencia), en el Borrador del nuevo Catálogo por entonces en tramitación, o señalados por el Cabildo como susceptibles de protección.
Los juzgados hicieron rectificar
Pero esto llevó a una gran litigiosidad con promotores, pues legalmente esos bienes no estaban protegidos al no haber un catálogo en vigor. Esto llevó a que, en junio de 2025, como adelantó Atlántico Hoy, la Gerencia de Urbanismo emitiera una resolución para dar seguridad jurídica que dejó sin efecto las anteriores y permitiera demoler, pudiendo solamente proteger cautelarmente los inmuebles cuando existiese una acreditación expresa y urgente del valor patrimonial de los mismos por parte de organismos competentes, tales como la Unidad Técnica del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife.
Esa resolución establecía expresamente la prohibición de utilizar como base para la denegación de licencias ningún borrador o catálogo anulado judicialmente.