Santa Cruz estrena por fin un nuevo Catálogo de Protección y lo hace con una cifra que no es menor: 1.057 elementos pasan a tener algún tipo de salvaguarda, entre bienes inmuebles, bienes muebles y patrimonio natural.
Detrás del número hay edificios, plazas, obras de ingeniería, árboles monumentales, elementos etnográficos y hasta patrimonio paleontológico que, a partir de ahora, jugarán con reglas distintas cuando alguien quiera tocarlos.
Del catálogo del 92 al de hoy
Zaida González, máxima responsable de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en declaraciones a Atlántico Hoy, responde casi con alivio al referirse a la aprobación inicial del catálogo en el que se lleva trabajando durante años.
El catálogo vigente es el de 1992 (refundido en 2005), heredero de otro planeamiento y otro contexto jurídico, y el que se tramitó junto al Plan General de 2013 quedó anulado con la caída de ese PGO.
Tramitación
En 2018 el pleno municipal acordó iniciar la revisión del catálogo y hacerlo como instrumento autónomo, con vida propia al margen del nuevo Plan General. Por el camino ha habido contratos fallidos -uno resuelto en 2022 con una empresa externa. El segundo se encargó en 2024, cuyo resultado llegó a Urbanismo el 16 de diciembre del año pasado.
Por otro lado, es necesario recordar que el catálogo resultante parte de la valoración de más de 1500 inmuebles propuestos en 2013 por el Cabildo de Tenerife. “Se ha realizado una valoración exhaustiva, uno por uno basada con criterios objetivos, lo que ha llevado a descartar algunos de ellos”, añade González.
Qué se protege y cuánto crece la lista
El salto de escala es evidente incluso en los números más fríos. El catálogo de 1992 protegía 113 bienes arquitectónicos; el documento anulado con el PGO de 2013 elevó la cifra a 279. El nuevo catálogo, en cambio, incorpora 787 bienes arquitectónicos –edificios y construcciones– dentro de un total de 1.057 elementos protegidos si se suman espacios urbanos, patrimonio natural, etnográfico, arqueológico y paleontológico.
Entre los inmuebles aparece, por ejemplo, la antigua fábrica de tabaco Victoria, en la avenida Islas Canarias; un edificio por el que pasan a diario muchísimos chicharreros y que entra en el nuevo listado con nombres y apellidos. El resto del documento incluye desde obras de ingeniería a plazas y elementos urbanos, y se completa con bienes del patrimonio natural y cultural dispersos por todo el término municipal, "quedando excluidos el Parque Rural de Anaga, el Barrio de Los Hoteles–Pino de Oro, Antiguo Santa Cruz, el Barrio de El Toscal y el Dominio Público Portuario, que cuentan con instrumentos específicos de protección".
Recorrido del nuevo catálogo
El recorrido administrativo arranca con la aprobación inicial en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo y continúa en la Junta de Gobierno local, previsiblemente en la próxima sesión.
A partir de su publicación, el catálogo entra en fase de aprobación inicial y se abre el plazo de alegaciones, en el que cualquier persona o entidad podrá pedir que se incluyan nuevos bienes o que se retiren algunos de los propuestos.
Suspensión de licencias
La gran consecuencia práctica llega una vez se ha aprobado en el Consejo Rector: la aprobación inicial suspende las licencias de obra y las solicitudes que afecten a cualquiera de los inmuebles o elementos incluidos en el catálogo, a excepción de aquellas destinadas a conservación y mantenimiento.
Los proyectos que estén en tramitación o que se pretendan presentar sobre esos bienes quedarán en pausa mientras dura la tramitación, un periodo que Urbanismo calcula en hasta dos años, el plazo máximo para la aprobación definitiva.
Ciudadanía y alegaciones
La responsable municipal insiste en que el catálogo no es un documento cerrado y que vecinos, colectivos, propietarios, profesionales y plataformas patrimonialistas podrán discutir omisiones, excesos o errores en la catalogación. “En el periodo de alegaciones también se puede solicitar que se incluyan más o que se quiten”, explica.
La suspensión de licencias, sin embargo, no es un detalle menor para quienes tenían planes sobre alguno de esos inmuebles: reformas, derribos, cambios de uso o promociones que ahora deberán esperar o, en su caso, adaptarse al nuevo régimen de protección.
El catálogo, en la práctica, se convierte desde ya en un filtro obligatorio para cualquier intervención relevante en buena parte de la ciudad.