Ante una población cada vez más envejecida en las islas, las asociaciones de pensionistas y personas de mayor edad alzan sus quejas por la escasez de plazas en las residencias y cuestionan el modelo sociosanitario que se pretende implantar en Canarias, poniendo la atención, sobre todo, en el modelo de Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que se planifica para el municipio de Santa Cruz.

Recientemente -y con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores-, desde el Gobierno de Canarias han comunicado su apuesta por el envejecimiento activo y una atención orientada a prevenir, acompañar y cuidar, con más apoyos en el hogar y en residencias con unidades de convivencia de escala humana, “orientando cada euro a resultados: más autonomía, más seguridad y más comunidad”, como así lo indicó en sede parlamentaria la titular de la Consejería de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Residencias insuficientes

En declaraciones a Atlántico Hoy, la Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias ha criticado que las plazas de residencias “son claramente insuficientes” y destacan que “seguimos asistiendo a anuncios de aperturas de determinadas residencias sin que nada se concrete”.

Carmiacu Pérez, portavoz de la Plataforma, se queja de la intención del Ejecutivo autonómico de poner en marcha “macroresidencias”, indicando que se trata de lugares con “cientos de plazas que luego son adjudicadas a empresas privadas que lo que están haciendo son negocios con las vidas de la gente”, criticando que no existe una gestión directa por parte de las administraciones públicas”.

Precarización

“Llegará un día en el que todo esté copado por residencias privadas que conciertan determinado número de plazas con la pública, lo que resulta del todo insuficiente” según explica, añadiendo que “al tratarse de empresas y de beneficios” podrían encontrarse “servicios y empleos precarizados repercutiendo la calidad en los usuarios”.

Otra de las quejas de la Plataforma redunda en la falta de inspectores, “insuficientes para poder llegar a todas las residencias, por lo que nos encontramos cada dos por tres con denuncias por maltrato o por falta de recursos”, detalla.

Condiciones

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, integrada por mayores, pensionistas, personas con algún tipo de discapacidad y familiares, solicita recursos suficientes para que la gente pueda llevar “una vida digna desde los hogares y entornos cercanos a la propia comunidad”.

“El SAD deja mucho que desear tanto por el servicio como por las condiciones de las trabajadoras”, apunta Pérez, añadiendo que el modelo que se está imponiendo desde Santa Cruz “está totalmente privatizado y con unas repercusiones para los pensionistas muy graves”.

Privatización

Comenta la portavoz que el modelo de SAD de la capital chicharrera es un modelo muy relacionado con la renta. “El Ayuntamiento de Santa Cruz entrega un dinero a la empresa según sea el costo del Servicio de Ayuda a Domicilio, pero ese dinero va a figurar en la renta del usuario”, matiza.

Este hecho, comenta Pérez, lo han denunciado públicamente en diferentes ocasiones ya que temen que “al figurar como renta el importe de este servicio” puede repercutir en la economía de la persona indicando que, por ejemplo, “si a una persona con una pensión no contributiva se le añade como renta suya el coste de las atenciones del SAD…, claramente el cómputo total va a resultar muy superior a la renta permitida para acceder a ese servicio”.

Riesgos

“En definitiva, o me quedo con la pensión que estoy recibiendo y renuncio al SAD o me quedo con el SAD, pero con las dos cosas es imposible”, subrayando que un usuario de pensión baja y necesidad de ayuda a domicilio corre el riesgo de quedarse sin pensión y sin sustento.

Ante tal disyuntiva, desde la Plataforma de pensionistas se han dirigido a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento capitalino solicitando una explicación sin lograr una respuesta, de momento.