Cerca de un millar de menores de Santa Cruz de Tenerife han tenido que ser intervenidos por el Equipo de Infancia y Familia capitalino en el último año. En total se han gestionado 928 posibles casos de niños, niñas y adolescentes en riesgo, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz en un comunicado. Del conjunto, 81 menores fueron declarados en situación de riesgo.
Las actuaciones comienzan con las alertas que se producen desde colegios, familiares, centros de salud, hospitales, Fiscalía de Menores o la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Con el aviso se ponen a trabajar los equipos del IMAS para valorar si es precisa su intervención.
Los casos por barrios
El año 2023 empezó con 524 casos notificados desde diferentes ámbitos repartidos por barrios. Se iniciaron las diligencias previas, es decir, el contacto con el entorno familiar en 383 casos, especialmente en el barrio de Salud-La Salle, donde se iniciaron 77 procedimientos, mientras que en Barranco Grande y en Ofra fueron 71 casos. Siguen Los Gladiolos (56), Añaza (48), Centro Ifara (40) y Anaga (20).
También se realizaron actuaciones de menores con expedientes incoados: 1 en Anaga; 4 en Añaza; 18 en Barranco Grande; 10 en Centro-Ifara; 9 en Los Galdiolos; 13 en Ofra, y 5 en Salud-La Salle. Finalmente, se declaró la situación de riesgo y se intervino a 81 menores: 6 en Anaga; 7 en Añaza; 26 en Barranco Grande; 1 en Centro-Ifara; 4 en Los Gladiolos; 24 en Ofra, y 13 en Salud-La Salle. Desde el consistorio aseguran que ya se trabaja con su entorno y con ellos mismos.
Atención
Tal y como apuntan desde el consistorio, desde el momento en que se reciben las comunicaciones sobre un posible caso de un/a menor en riesgo “desde los equipos del IMAS, lo primero que se hace es mirar qué antecedentes tiene, si los hubiera, su ficha social, que es toda la información que disponemos de la familia que hemos atendido, y se lo pasamos al equipo que tenemos en la zona, compuesto por trabajadora social, psicóloga y educadora” y desde ese momento, afirman desde el negociado de Infancia y Familia, “se valora en qué grado está el menor, que se evalúa en 1, 2 y 3”.
“El grado 1 -detallan desde el negociado- es aquel en el que tenemos que dejar lo que estamos haciendo y salir corriendo porque existe un riesgo muy severo” y complementan los otros niveles añadiendo que “en el segundo grado, se inicia un expediente en el que se detallan las cuestiones con las que hay que trabajar en el seno de la familia y con el niño, niña o adolescente en cuestión, y en el tercer grado, directamente se lo derivamos a la UTS de zona, al considerarse que no es algo grave”.
Ofrecer habilidades
Según detallan desde el consistorio, estas actuaciones se desarrollan cuando no está suficientemente garantizada la atención a las personas menores en su entorno familiar o existir situaciones de riesgo. Por ello tiene por objeto fomentar en todos los miembros de la familia la adquisición de habilidades básicas y hábitos de conducta necesarios para superar la situación de crisis, riesgo o vulnerabilidad que ha dado origen a la intervención.
En definitiva, apuntan desde el ayuntamiento, el objetivo es apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de riesgo detectados y fomentar los protectores, asegurando así una atención adecuada de las personas menores, cubriendo sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales. Por ello es un objetivo principal dotar a los padres, madre, tutores, tutoras, guardadores y guardadoras de estrategias y herramientas suficientes para adquirir y mejorar sus habilidades parentales.