Real Casino de Tenerife|CIRCULOEQUESTRE
Real Casino de Tenerife|CIRCULOEQUESTRE

Santa Cruz permite que el Real Casino siga abierto, pero le exige frenar algunas actividades hasta que regularice la situación

Urbanismo sostiene que solo deben cesar las actividades sometidas a la ley de actividades clasificadas y se ofrece a orientar a la entidad, mientras el Real Casino de Tenerife intenta regularizar su situación ante la vía judicial

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El Ayuntamiento de Santa Cruz insiste en que el Real Casino de Tenerife no está “amenazado de cierre”, sino obligado a regularizar parte de sus actividades, y asegura que la institución puede seguir abierta mientras se resuelve el pulso jurídico y se adapta a la normativa.

Ante las publicaciones en redes de que se quiere cerrar el Casino, la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento santacrucero, Zaida González, intenta rebajar la alarma señalando, en declaraciones a Atlántico Hoy, que “las actividades normales del Casino pueden continuar”.

El Casino puede seguir abierto 

La edil matiza que “son solo y exclusivamente las que están sometidas a la Ley de actividades clasificadas las que tienen que cesar, hasta que no aporten la documentación que permita legalizarlas”, y subraya que el Ayuntamiento se ofrece a orientar a la entidad en ese proceso de regularización.

“El Casino puede seguir abierto, son las actividades qseñaladas las que, en principio, no podrían. Aunque ahora tienen la cautelarísima y puedan continuar hasta que se pronuncien judicialmente. Pero el Casino puede regularizar la situación en cualquier momento”, resume.

La misma exigencia para todos

González recuerda, además, que la misma exigencia de actualización administrativa se ha planteado al conjunto de clubes sociales de Santa Cruz, destacando que algunos ya están regularizados y otros en proceso.

Sin embargo, el Casino ha optado por defender que la Ley de actividades clasificadas no le resulta de aplicación en los términos que sostiene Urbanismo.

Origen del conflicto

El conflicto que se dirime en los tribunales no nació de un día para otro. En 2024, durante los actos del 185 Aniversario del Real Casino de Tenerife, comenzaron las quejas vecinales por molestias acústicas, y a raíz de esas denuncias el Ayuntamiento abrió inspecciones y revisó licencias. 

En ese proceso se constató, según la versión municipal, que algunas actividades superaban los límites de ruido permitidos, lo que derivó en un procedimiento sancionador aún en tramitación.

Continuaron con lo actos

A lo largo de 2025, la entidad continuó con su intensa vida social y cultural, mientras se acumulaban requerimientos y reuniones para encajar la realidad del inmueble en el marco normativo vigente

La tensión salta de nivel entre el 22 y el 24 de mayo de 2026, cuando la Gerencia de Urbanismo ordena el cese de actividades como guardería, restauración, bares, salas de fiesta, karaoke y gimnasio, al entender que carecen de título habilitante.

El Real Casino ha respondido llevando el caso a la vía judicial y solicitando medidas cautelares para frenar la ejecución de la orden, con el objetivo de mantener su funcionamiento mientras se aclara  el fondo del asunto.

Reconocimiento a la entidad

El Ayuntamiento capitalino reconoce que el Real Casino de Tenerife es una de las entidades sociales, culturales y recreativas “más relevantes de la historia de la ciudad y de Canarias”, merecedora de la Medalla de Oro de Santa Cruz y considerada parte del patrimonio colectivo de la capital.

Pero este reconocimiento no ha frenado la actuación municipal en cuanto a requerir las oportunas responsabilidades, por lo que desde Urbanismo subrayan que los pasos dados recientemente “no responden a una intervención súbita o desproporcionada”, sino a un proceso prolongado de reuniones, contactos y requerimientos dirigido a facilitar la adecuación de determinadas actividades a la normativa vigente.

No es mera formalidad

El Consistorio se apoya en la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que exige un título habilitante para aquellas actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar la salubridad, generar riesgos para las personas o producir afecciones ambientales, entre ellas las acústicas.

Recuerda que esa autorización no es una mera formalidad ya que permite comprobar, antes de que una actividad se ponga en marcha, aspectos como aforos, salidas de emergencia, accesibilidad, aislamiento acústico o seguridad de las instalaciones.

Actos de pública concurrencia

La clave del razonamiento municipal está en la “realidad funcional” del Casino. Aunque la institución tenga naturaleza asociativa, para Urbanismo sus servicios de restauración, ocio y eventos se dirigen a una colectividad amplia y presentan rasgos de pública concurrencia, por lo que no se equipararían a celebraciones estrictamente familiares o privadas, que son las únicas que la ley excluye de este control previo. 

El Ayuntamiento advierte de que una interpretación más laxa vaciaría de contenido la propia finalidad de la ley y abriría la puerta a eludir controles de seguridad mediante fórmulas asociativas.

El punto de vista del Casino

Del lado del Real Casino de Tenerife, la lectura es distinta. La entidad sostiene que, por su naturaleza privada y orientada a personas socias, no debería ser tratada como un local abierto al público en los mismos términos que otros establecimientos de restauración y ocio.

Mientras se resuelve el enfrentamiento jurídico, el Casino ha optado por mantener su actividad, amparado en las medidas cautelares solicitadas ante la justicia. 

La misma ley para todos

El Ayuntamiento recalca que los expedientes abiertos al Casino se enmarcan en una política más amplia de regularización de clubes y entidades sociales de la ciudad cuya situación administrativa necesita adaptarse a las exigencias legales actuales, en aplicación del principio de igualdad ante la ley. 

Insiste en que las actuaciones responden al ejercicio de sus potestades legales de inspección, control y disciplina, y no a criterios arbitrarios ni a un cuestionamiento de la relevancia histórica del Casino.

Sobre la mesa está ahora la decisión judicial que determinará si confirma, modula o suspende la orden municipal mientras se analiza el fondo del asunto. Será esa decisión la que marque hasta dónde puede llegar la fiesta en un edificio que forma parte del patrimonio social de Santa Cruz, y hasta dónde la ley pone el límite.