El concejal de Planificación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, reconoció en la Comisión de Control que el municipio se enfrenta al riesgo de tener que devolver hasta 11 millones de euros de fondos europeos vinculados a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) si la ordenanza no está aprobada antes del mes de junio.
Tarife enmarcó este aviso en su comparecencia, solicitada por el grupo municipal socialista, para explicar la ejecución de los fondos Next Generation en la capital.
Datos a 31 de diciembre
Durante su primera intervención, el edil ha detallado que los datos económicos que maneja el área están cerrados a 31 de diciembre de 2025 y que, tras la incorporación de remanentes y la tramitación de facturas pendientes, prevé una “foto” diferente a partir del 15 de mayo.
Explicó que los proyectos en marcha con cargo a Next Generation incluyen la ZBE, actuaciones en edificios municipales en Añaza y La Salud, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en sedes municipales y el plan de sostenibilidad turística. Según sus cifras, la subvención para estos proyectos alcanza los 36,3 millones de euros y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre ascienden a algo más de 16,3 millones.
Proyectos
Tarife desgranó también un bloque de proyectos ya finalizados, entre los que citó la transformación digital y modernización del mercado, programas de primera experiencia profesional, implantación de normativa de residuos, actuaciones en el mercado Nuestra Señora de África, autoconsumo y almacenamiento en dependencias municipales, mejora de la recogida selectiva mediante puntos limpios de proximidad, material bibliográfico para las bibliotecas y la instalación de tres líneas en un campo de fútbol.
La subvención total asociada a estas actuaciones se sitúa, según expuso, en 7,22 millones de euros, con 1,6 millones reconocidos como obligaciones. El concejal añadió que, en algunos casos, el Ayuntamiento ha optado por buscar otras líneas de financiación, como en residuos, donde defendió la apuesta con fondos propios para el contenedor orgánico, y recordó las gestiones realizadas tanto con el Cabildo de Tenerife como con el Gobierno de Canarias para cubrir la obra del proyecto del mercado.
Cifras
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, centró su intervención en cuestionar las cifras y los plazos de ejecución. Recordó que, en una respuesta fechada el 24 de marzo y firmada por el concejal, se recoge que las subvenciones concedidas al Ayuntamiento ascienden a 43 millones de euros, frente a los 36 millones mencionados por el concejal en la comisión.
Hernández expresó su “preocupación absoluta” al señalar que, según sus cálculos, a partir de esos 43 millones solo quedarían en plazo de justificación 10 millones correspondientes a la rehabilitación de viviendas municipales, cuyo límite concluye en junio.
Plazos vencidos
La socialista sostuvo que el resto de plazos vinculados a otros proyectos ya estarían vencidos, por lo que, descontados los 10 millones aún en plazo, quedarían 33 millones sujetos a la ejecución acreditada. Sobre esa base, señaló que, con las cifras que maneja su grupo, se habrían ejecutado en torno a 16 millones de euros, lo que dejaría alrededor de 13 millones a devolver.
Frente a la afirmación de Tarife de que las obligaciones reconocidas serían de 1,6 millones, Hernández insistió en la necesidad de aclarar si la cantidad global de subvenciones es 43 o 36 millones y de detallar qué parte de esos fondos está efectivamente certificada.
80% de ejecución
En su réplica, Tarife acusó al PSOE de practicar “política trilera” al dar a entender que “no se ha ejecutado nada” y defendió que ha separado claramente proyectos en ejecución y finalizados en sus datos. Subrayó que, en el bloque de proyectos en ejecución, la subvención asciende a 36,3 millones y las obligaciones reconocidas a 16,3 millones.
El concejal insistió en que el Ayuntamiento no está obligado a pedir fondos europeos, pero que lo hace para abaratar inversiones para “los chicharreros y chicharreras”, y sostuvo que, de cada 10 euros obtenidos de otras administraciones, el Consistorio ejecuta 8 y pierde 2, lo que equivale a una tasa de ejecución del 80%.
Peligran los fondos para ZBE
El edil defendió que Santa Cruz es una administración “reconocida a nivel nacional” por su capacidad de captación de fondos europeos y reiteró que el consistorio es “un ayuntamiento transparente” en el suministro de datos.
Tarife, por su parte, volvió a recordar que estos datos corresponden a final de 2025, a la espera de incorporar los resultados de una subvención de vivienda municipal que cifró en 21 millones de euros dentro del total de 43. Defendió que hasta no conocer el porcentaje de ejecución de esa ayuda no se podrá trazar la “foto final” de la ejecución de fondos.
En paralelo a este cruce de cifras, el concejal de Planificación dejó sobre la mesa la advertencia ligada a la ZBE. “Si no tenemos una ordenanza aprobada antes de junio, se pueden perder en este ayuntamiento 11 millones de euros de fondos europeos”, matizó.