El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que ya ha recuperado los más de 123.000 euros que las varias empresas concesionarias de aparcamientos públicos municipales se ahorraron durante los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2021 por calcular sus cánones a la baja.
Así consta en una respuesta firmada por el concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, al Grupo Municipal Socialista para el pleno celebrado el 29 de mayo, en la que se detallan las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de verificación del grado de cumplimiento de los contratos de los aparcamientos públicos en concesión elaborado en 2017.
Regularización tras el informe de 2017
Entre 2021 y 2022 el Ayuntamiento llevó a cabo una revisión de las concesiones con el objetivo de comprobar si las tarifas aplicadas y los cánones abonados por las empresas se ajustaban a lo establecido en los contratos y pliegos concesionales.
Como resultado de ese proceso, la Junta de Gobierno aprobó distintos expedientes de regularización en los que se recalcularon los importes que, a juicio del Ayuntamiento, debían haber abonado los concesionarios. Las diferencias detectadas alcanzaron los 123.273,53 euros en cinco aparcamientos municipales.
El mayor ajuste, en el parking del Mercado
La mayor cuantía corresponde al aparcamiento situado entre el puente Serrador y el frente del Mercado Nuestra Señora de África, donde el Consistorio reclamó 46.578,44 euros en diferencias de canon correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. A ello se sumaron 3.414,88 euros en intereses de demora.
En el aparcamiento de la calle Tomé Cano, la cantidad reclamada ascendió a 35.875,48 euros, mientras que en el de la avenida de Anaga se exigieron 19.140,39 euros. Por su parte, en el estacionamiento ubicado entre las calles San Sebastián, Góngora y Eduardo Zamacois se reclamaron 15.346,45 euros y en el de la plaza Weyler otros 6.332,77 euros.
La respuesta municipal sostiene que todas esas cantidades fueron finalmente abonadas por las empresas concesionarias junto con los correspondientes intereses de demora, aunque no especifica las fechas en las que se produjeron los ingresos ni el importe global efectivamente recaudado por este concepto.
Sanciones y expedientes abiertos
Además de las regularizaciones económicas, el Ayuntamiento informa de la apertura de varios expedientes sancionadores relacionados con incumplimientos detectados durante la gestión de las concesiones.
Entre ellos figuran dos penalidades de 60 euros impuestas por incumplimientos vinculados a la instalación de un ascensor y medidas de accesibilidad, así como una sanción de 601,01 euros a una concesionaria por no aplicar una tarifa ordenada por el Consistorio.
En su respuesta al Grupo Socialista, el gobierno municipal defiende que el proceso desarrollado tras el informe de 2017 permitió "actualizar y ordenar la situación tarifaria de los aparcamientos municipales" y mejorar el control sobre las concesiones. De hecho, el Ayuntamiento ha cambiado el modelo y ahora los aparcamientos los gestiona Viviendas Municipales.