El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedió este jueves a la venta del edificio que acoge la Consejería de Educación al Gobierno de Canarias, que ejerce así su derecho a la compra de dicho inmueble y por la que este municipio ingresará 30,1 millones de euros, pagaderos en la fórmula aceptada por ambas partes.
Tal y como figura en el acuerdo se abona un primer pago de 14.010.599,35 euros y se fija el fraccionamiento y aplazamiento del precio restante en tres pagos anuales (2022, 2023 y 2024) de 5.385.695,96 euros. El consistorio recibió la comunicación el pasado 30 de noviembre por parte de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por la cual se ejercitaba el derecho de opción de compra del edificio de oficinas y garajes, sito en la avenida de Buenos Aires de Santa Cruz de Tenerife.
Edificio de más de 27.000 metros cuadrados
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, señala que con esta operación el Ejecutivo "ahorra 3,5 millones de euros anuales en arrendamientos, que pueden destinarse a otras inversiones públicas, además de optimizar el gasto público, pues en el período de vida útil del edificio, establecido en 50 años, este ahorro habrá alcanzado los 89 millones de euros".
El Ejecutivo ha ejercido la opción de compra establecida en su momento en el contrato de arrendamiento, tras más de 16 años en los que la Comunidad Autónoma ha dispuesto del edificio en régimen de alquiler. El director general de Patrimonio, José Julián Istúritz, subrayó que con operaciones de este tipo "no solo se pretende reducir los costes de operatividad de la actividad administrativa necesaria para la prestación de servicios, sino, también, optimizar y caminar hacia la sostenibilidad del gasto público".
El edificio dispone de una superficie de algo más de 27.000 metros cuadrados y alberga diversos servicios administrativos de las consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos; y la de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en cuyas instalaciones trabajan más de 650 empleados públicos.