Los vecinos de la Asociación de Vecinos Urban Centro 'El Perenquén' han atendido a los medios después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) estimara íntegramente el recurso contencioso que interpusieron y anulara la Nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En rueda de prensa, la presidenta de la asociación, Silvia Barrera, y su abogado, Felipe Campos, advirtieron de que mantener la aplicación de la normativa pese al fallo judicial es “temerario” y “una ilegalidad”. Además de la anulación de la Ordenanza, que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Supremo, "los artículos clave están suspendidos cautelarmente, por tanto, no se pueden aplicar”, recordó Campos.

Zona de bajas emisiones

Entre las medidas señaladas se encuentran la instalación de cámaras de vigilancia, el sistema de control de acceso al centro gestionado por una empresa privada, la creación de carriles bici y la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El abogado también reprochó al Ayuntamiento que continúe adelante con contrataciones y obras sin el respaldo de una normativa en vigor. El letrado denunció que el Consistorio ha intentado “ganar tiempo” con un recurso ante el Supremo, pero que eso no revierte la suspensión de los artículos anulados.

“No se puede contratar sin ordenanza”, subrayó Campos, quien advirtió que esas acciones podrían vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y la libertad de circulación. “Están manejando dinero público sin base legal, y eso es muy grave”, afirmó.

Medida discriminatoria

El abogado también criticó que el Ayuntamiento mantenga el plan Urban a pesar de que son cinco artículos clave de la Ordenanza los que están suspendidos cautelarmente. “No hay ordenanza ni memoria justificativa que avale estas medidas. La memoria que presentaron es un mero formulario en el que se juntan los artículos y no se justifica ni se motiva nada”, aseguró.

Los vecinos consideran que el modelo de movilidad propuesto es excluyente y discriminatorio. “Ellos mismos reconocen que no esperan que la gente cambie su coche por uno eléctrico: prevén que solo un 8% podrá hacerlo. El resto, se quedará sin coche”, apuntó el abogado. Para la asociación, este planteamiento ignora a quienes no pueden desplazarse a pie, en bici o en patinete: “A quienes no puedan, que se fastidien”.

Dinero público

"A partir de ahora la ciudad solamente podrán circular moverse moverse libremente en vehículo aquellas personas que tengan la capacidad adquisitiva de comprar un coche eléctrico, y los que no tienen capacidad adquisitiva, ¿qué hacen?", lamenta. 

"Los que tienen dinero, los que se puedan comprar un coche eléctrico, sí podrán circular por la ciudad. Ese es el nuevo concepto de movilidad que se está tratando de imponer", dijo Campos, que lo ve más grave porque "además se financia con dinero público, con fondos del contribuyente".

Carril bici

"La red ciclable, en mi opinión, tampoco tiene base legal, y en mi opinión también tendría que ser desmantelada". Y lamentó: "Parece que lo normal es un estado de derecho que primero apruebe la norma y luego haga la ejecución con dinero público de esa obra que afecta más a los ciudadanos". 

El colectivo exige que se paralicen todas las actuaciones derivadas de la ordenanza anulada y que se investigue el uso de fondos públicos en contrataciones “manifiestamente ilegales”. Campos pidió al Ayuntamiento, a la oposición y a la Junta de Control de la ciudad que actúen “de oficio” para frenar esta situación. “No puede ser que una asociación vecinal tenga que hacer el trabajo que le corresponde a las instituciones en un Estado de derecho”, concluyó.