La Asociación de Vecinos Urban Centro Perenquén ha pedido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la creación de un centro de acogida para personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife, una demanda que -según denuncian- lleva décadas sin ser atendida.
El colectivo recuerda que esta propuesta no es nueva y obedece a una propuesta formulada en 2019 por la plataforma Acción contra la Pobreza, que solicitaba al Ayuntamiento de Santa Cruz destinar el edificio Diego Crosa, ubicado en el Barranco de Santos, a un nuevo albergue municipal.
Mismo lugar, diferentes proyectos
Al respecto, recordamos que el Consistorio presentó a finales de enero un proyecto para que el mencionado edificio acoja el Polo digital de Santa Cruz, una iniciativa “largamente ansiada”, según destacó el alcalde, José Manuel Bermúdez, con la que la capital aspira a convertirse en un foco de atracción para empresas de base tecnológica y creatividad digital.
Volviendo a la petición de el Perenquén, el proyecto vecinal para este lugar preveía hace 7 años un espacio con áreas diferenciadas según las necesidades de cada perfil de las personas en situación de sinhogarismo -según se tratase de hombres, mujeres, madres con hijos e hijas o personas con patologías-, además de comedor, enfermería, atención social y zonas al aire libre.
Críticas a la planificación actual
Urban Centro Perenquén denuncia que, en lugar de avanzar en esa línea, el Ayuntamiento pretende entregar el inmueble a una empresa privada para instalar un “hub urbano” de animación digital y videojuegos, añadiendo que la obra, con una inversión pública de 1,45 millones de euros, se financiaría con subvenciones del Gobierno de Canarias.
“Es inaceptable que se priorice la inversión en ocio digital cuando hay cientos de personas durmiendo en la calle o en infraviviendas”, cuestionan desde la asociación, que acusa a las administraciones de desviar recursos públicos de su función social.
Reclamaciones históricas
El colectivo recuerda además que la Ley 5/1998 del Parlamento de Canarias cedió gratuitamente al Ayuntamiento dos inmuebles situados en la calle San Vicente Ferrer, 20 y 22, para destinarlos a un centro de acogida y un plan de reinserción social. Esa norma establecía un plazo máximo de cinco años para su uso y preveía la reversión automática al Gobierno regional en caso de incumplimiento.
“Han pasado casi tres décadas sin que esos inmuebles se destinen al fin previsto. Se trata de un incumplimiento flagrante de la ley y una falta de respuesta política que dura demasiado”, recalcan desde Urban Centro Perenquén.
Una realidad social alarmante
Según el último informe FOESSA, Canarias registra la tasa de exclusión social más alta del Estado, afectando a una de cada cuatro personas. Más de 122.000 hogares se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa debido al sobreesfuerzo que supone el coste de la vivienda y los suministros.
Para la asociación vecinal, la situación exige medidas urgentes. “No pedimos caridad, pedimos justicia social y cumplimiento de la ley”, subrayan en el documento entregado al presidente canario.
Entre las demandas presentadas por los vecinos destacan la reorientación del edificio Diego Crosa hacia el nuevo albergue, el cumplimiento de la Ley 5/1998 o la reversión de los inmuebles de San Vicente Ferrer, la paralización del proyecto del “hub urbano” y el impulso de un plan insular de alojamiento e inclusión que involucre a gobiernos locales, autonómicos y al tercer sector.