El aumento de las agresiones en los centros educativos públicos es uno de los indicadores más alarmantes del malestar docente detectado en el último estudio estatal elaborado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs-i). Según el informe, el 83,15 % del profesorado encuestado percibe un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, mientras que el 76,66 % constata también un aumento de las agresiones procedentes de las familias. Este deterioro de la convivencia escolar se produce en un contexto de creciente presión sobre la escuela pública y de desgaste sostenido del personal docente.
Canarias tiene un peso destacado en este diagnóstico estatal. Un total de 1.610 docentes del Archipiélago participaron en la encuesta, lo que representa el 12,18 % del total de las 13.213 respuestas recogidas en todo el Estado, situando a la comunidad entre las que mayor volumen de participación aportan al estudio. La muestra canaria incluye profesorado de todas las islas, con especial presencia de Gran Canaria (820 respuestas) y Tenerife (565), además de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, lo que permite una lectura amplia de la realidad educativa insular.
El informe no circunscribe el problema únicamente a los episodios de violencia. El 82,62 % del profesorado describe el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado, una percepción que se ve agravada por la complejidad creciente de los centros públicos, donde se concentra la mayor parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en situación de vulnerabilidad social. El sistema público escolariza al 77 % del alumnado con necesidades educativas específicas y al 80 % del alumnado vulnerable, una presión que en comunidades como Canarias recae casi en exclusiva sobre la red pública.
A este escenario se suma una carga burocrática que el profesorado considera insostenible. El 95,74 % de las personas encuestadas afirma que la burocracia excesiva le resta tiempo para enseñar, una de las cifras más elevadas del estudio. Muchos docentes dedican buena parte de su jornada a informes, protocolos y trámites administrativos, en detrimento de la preparación de clases, la atención individualizada y la coordinación pedagógica, lo que contribuye al agotamiento físico y emocional del colectivo.
Las ratios elevadas aparecen como otro de los grandes focos de malestar. El 91,83 % del profesorado sostiene que el número de alumnos por aula no permite atender adecuadamente la diversidad, una cuestión especialmente relevante en Canarias, donde el aumento del alumnado con necesidades educativas no ha ido acompañado de un incremento proporcional de recursos humanos y apoyos especializados.
El estudio también refleja problemas estructurales en las condiciones laborales. El 77,82 % del profesorado considera que el exceso de jornada y la acumulación de tareas no docentes afectan a su conciliación familiar y a su salud emocional, mientras que el 85,83 % afirma no sentirse respaldado por la Administración educativa ante conflictos graves o situaciones de tensión en los centros. Esta falta de apoyo institucional incrementa la sensación de indefensión y dificulta la denuncia de episodios de violencia o disrupción en el aula.
En el plano económico, el informe subraya que el 91,89 % del profesorado cree que su salario no se ha revalorizado conforme al IPC, y el 88,34 % lo considera directamente inadecuado, alertando de una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 20 %. Este factor, unido al clima de conflictividad, la sobrecarga burocrática y la falta de recursos, está alimentando el abandono de la profesión y la dificultad para cubrir vacantes, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.
La conclusión es clara: solo el 56,60 % del profesorado califica hoy su trabajo como digno y adecuado. En comunidades como Canarias, con un peso tan relevante en la muestra y una fuerte dependencia de la escuela pública, el aumento de las agresiones es solo la cara más visible de un deterioro mucho más profundo, que amenaza la estabilidad del sistema educativo y la calidad de la enseñanza si no se abordan de forma estructural las condiciones en las que trabajan miles de docentes cada día.