Amenazas, insultos e incluso agresiones, esa es la realidad que afirman vivir casi a diario muchos guardas rurales en Canarias. Una situación que ha llevado este jueves al Parlamento regional el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Guardas Rurales (Fenaguar), Víctor Manuel Fumero, junto a Cándido Herrero, miembro de la directiva y representante de la Asociación Canaria de Guardas Rurales (Ascaguar).
Una problemática que, insisten, podría ser revertida si pudieran volver a ser reconocidos como agentes de la autoridad pública así como recuperar la presunción de veracidad al ejercer sus funciones en sus dos especialidades: guardas rurales de caza y de pesca marítimos.
Herrero hizo hincapié en que los guardas son “un instrumento más para reforzar a los agentes forestales, de medioambiente y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Pero el problema, recordaron algunos grupos parlamentarios y reconocieron ambos representantes, es que al depender de la ley estatal y de Seguridad Privada a día de hoy es difícil poder ser reconocidos como autoridad pública.
Cándido Herrero (i), vocal de Fenaguar y representante de Ascaguar junto a Víctor Fumero (d), presidente de Fenaguar, en el Parlamento de Canarias. / EFE - RAMÓN DE LA ROCHA
Hasta 1992
Fumero recordó que el guarda es una figura estatal que ejerce funciones de vigilancia y protección de las propiedades de finca rústica en España tanto públicas como privadas. “Cumplimos 175 años de historia y reivindicaciones. Además contamos con el apoyo de la Guardia Civil”, apuntó.
En 1992 les fue retirada la condición de agentes de la autoridad así como la presunción de veracidad de la palabra dejándolos desprotegidos, según reclaman. “Se nos ha introducido a nivel estatal en varios ministerios acabando en el de Interior, donde nos regula la ley de Seguridad Privada y dependiendo de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Amenazas personales y a la familia
Esa dependencia, señaló Fumero, les complica durante las actuaciones en zona de monte al carecer de cobertura en algunas ocasiones o la carencia de patrullas de los cuerpos de seguridad. “Muchos compañeros sufren, tanto ellos como sus familias, amenazas de muerte. También han sido encañonados, e incluso con fusiles de pesca”.
De hecho señalan que llevan la petición al Parlamento porque las competencias medioambientales las tienen las comunidades autónomas. "El reconocimiento ya está en comunidades como La Rioja y Valencia", apuntó.
Apoyo
Todos los grupos parlamentarios se mostraron a favor de estudiar las reivindicaciones de ambos portavoces. No obstante la diputada de Nueva Canarias, Carmen Rosa Hernández, les dijo que debían ser conscientes “de que dependen de una ley de ámbito estatal y de Seguridad Privada” por lo que es más complicado contar con la declaración como autoridad pública.