El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas, lo que supone el último paso para activar la derivación de menores migrantes no acompañados. Una medida a la que se oponen la mayoría de territorios, aunque la ley les obliga a atenderlos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la aprobación de este decreto en rueda de prensa y lo calificó como un “paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”.
Obligación de acogida
“Estamos hablando de niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria”, recalcó Alegría tras el Consejo de Ministros.
El decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía, es decir, el número de plazas que debería garantizar en función del ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Situación límite
En los casos en que una comunidad triplique su capacidad, como ocurre en Canarias o Ceuta, se podrá solicitar la declaración de contingencia migratoria. Será entonces el Gobierno central el que ordene el traslado de los menores a otros territorios.
Los destinos serán comunidades con menor saturación de recursos. Según el criterio fijado, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen actualmente a menos menores migrantes de los que les correspondería por población.
Desajustes entre comunidades
Las mayores diferencias se encuentran en Andalucía (1.372 menores menos de los previstos), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620).
Con la entrada en vigor del decreto, comenzará a aplicarse el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias, y que permitirá derivar a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como el archipiélago o Ceuta, hacia otras comunidades.
Nuevas derivaciones
El procedimiento también prevé que los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a territorios con recursos desbordados deban ser derivados a otras autonomías en un plazo máximo de 15 días.
La capacidad ordinaria, junto al número de menores que ya acoge cada comunidad, servirá para calcular el reparto. También se tendrán en cuenta factores como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión poblacional o la condición fronteriza e insular de cada territorio.
Oposición
Este martes, autonomías como Madrid o La Rioja han expresado sus quejas, advirtiendo que el sistema desbordará sus capacidades.
Hasta ahora, diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este modelo ante el Tribunal Constitucional. Además, Madrid ha llevado el caso al Tribunal Supremo, y Baleares ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del reparto.
Este martes, algunas autonomías han renovado sus críticas. Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer a País Vasco y Cataluña.
Navarra
En cambio, Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar "tensionada" va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP "se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria".
La derivación de los menores conlleva una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud sufragará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.
Con el esfuerzo acumulado en acogida, País Vasco y Cataluña no estarían obligados a recibir más jóvenes. No obstante, el Govern catalán anunció que acogerá al menos a 31 menores, la misma cifra que en campañas anteriores.