“Recuperación insuficiente”, así define el IX Informe FOESSA 2025 la situación en Canarias, pues, aunque ha habido una leve mejora en los niveles de exclusión social, el Archipiélago continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayor desigualdad y precariedad del país.
El informe, elaborado por Cáritas Española y la Fundación FOESSA, señala que un 25,5% de la población canaria vive en situación de exclusión social, es decir, una de cada cuatro personas. Canarias sigue encuadrada en el grupo de comunidades con “escasez restrictiva”: territorios con un sistema productivo poco desarrollado, una calidad de vida inferior a la media y un alto nivel de desigualdad social.
Fragilidad social persistente
Los indicadores sitúan a Canarias en un escenario de fragilidad social persistente, donde la mejora económica no ha logrado traducirse en una reducción sostenida de la pobreza. El informe destaca que, aunque la tasa de exclusión social ha descendido ligeramente respecto a 2018, la exclusión severa sigue afectando a miles de familias, y la calidad de vida se mantiene entre las más bajas del país.
El modelo económico canario, fuertemente dependiente de sectores como el turismo y los servicios, genera empleo, pero de baja calidad —bajos salarios y parcialidad involuntaria— y con gran temporalidad. Esto explica por qué, incluso con crecimiento económico, persisten altos niveles de exclusión, como apunta el informe.
El empleo ya no salva
Y es que, ante este panorama, aunque se tenga trabajo, esto ya no es un escudo contra la pobreza. El informe subraya que tener un empleo ya no garantiza condiciones de vida dignas, lo que da lugar a lo que denomina “integración precaria”.
A nivel nacional, más del 27% de los hogares con personas empleadas sufren algún grado de exclusión. En el caso de Canarias, la tasa es aún mayor. El documento alerta de que el “trabajo de exclusión” —empleos informales o sin contrato— y la inestabilidad laboral crónica están alimentando nuevas formas de pobreza.
El índice de calidad de vida multidimensional que mide FOESSA coloca a Canarias en el grupo de regiones con mayor desequilibrio entre PIB per cápita y bienestar real de la población.
El problema de la vivienda
En este combo no puede faltar la crisis habitacional que, aunque afecta a todo el país, en el Archipiélago se ha acrecentado hasta alcanzar dimensiones críticas. La dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los principales ejes de desigualdad social.
FOESSA advierte que los hogares más pobres dedican más del 70% de sus ingresos al alquiler, lo que deja poco margen para cubrir otras necesidades básicas. A nivel estatal, más del 68% de los desahucios en los últimos años se deben al impago del alquiler, una tendencia especialmente visible en las Islas, donde la presión turística y la escasez de vivienda pública agravan el problema.
Migración y brechas sociales
La dimensión migratoria también aparece en el informe como un elemento clave. FOESSA señala que la población migrante —muy significativa en el contexto canario— enfrenta mayores obstáculos para acceder al empleo y la vivienda, y sufre una tasa de exclusión social superior a la media.
La irregularidad administrativa y la discriminación estructural dificultan su integración, lo que amplía las brechas sociales en territorios como Canarias, donde la presión migratoria ha aumentado en los últimos años.
El informe advierte de que la pérdida de redes familiares y comunitarias entre la población más excluida —nativa o extranjera— refuerza los procesos de aislamiento y cronificación de la pobreza.
Un reto estructural
En el conjunto del país, el IX Informe FOESSA constata que España sigue siendo uno de los países más desiguales de la Unión Europea, con una tasa media de exclusión del 19,3%. Aunque algunas comunidades, como el País Vasco, Navarra o Galicia, presentan indicadores más positivos (con tasas por debajo del 13%), otras —como Andalucía, Canarias, Murcia o Castilla-La Mancha— superan el 20%.
De ahí que se requieran políticas de inclusión más profundas y sostenidas para revertir esta situación, como indica la Fundación, para acabar con un modelo en las Islas donde la escasez económica y la fragilidad social se refuerzan mutuamente.