La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana a tres mujeres y cuatro hombres de nacionalidad nigeriana, que se enfrentan a penas de ocho a once años de prisión, acusados de formar parte de una red criminal dedicada a captar a jóvenes en su país para explotarlas sexualmente en Lanzarote.
Según el escrito provisional de la Fiscalía, los acusados prometían a las víctimas un trabajo digno en España, pero una vez captadas las sometían a un ritual de vudú y las amenazaban con causarles daño a ellas o a sus familias para obligarlas a ejercer la prostitución.
Viajes vigilados y control total
Tras la ceremonia, las víctimas eran acompañadas por miembros de la organización durante un viaje que las llevaba desde Nigeria a Grecia, y desde allí a París, Madrid y finalmente Lanzarote, indica el Ministerio Público.
En la capital española eran recogidas por integrantes de la red y entregadas en la isla a la presunta jefa del grupo, S.O., a quien debían entregar todo el dinero obtenido.
Logística internacional de la red
La organización contaba también con colaboradores en Nigeria, como Harryson, encargado de facilitar los billetes de avión desde Lagos a Francia; y con personas en París, responsables de recoger a las jóvenes, trasladarlas a un hotel y gestionar el vuelo a Madrid.
En la capital española, las víctimas pasaban varias noches en el domicilio de un tal Bobby, antes de volar a Canarias.
Control y explotación en Lanzarote
Según la Fiscalía, el 25 de septiembre de 2015 varias chicas viajaron en un vuelo de Ryanair a Lanzarote, donde fueron recogidas por la principal acusada, S.O., quien las llevó a los domicilios donde vivían recluidas.
Solo podían salir para ejercer la prostitución en zonas de Puerto del Carmen y Arrecife, aunque también eran enviadas temporalmente a Madrid y Vitoria con el mismo fin.
Amenazas y deudas impagables
Las víctimas no podían quedarse el dinero ganado —entre 70 y 120 euros por servicio—, ya que debía destinarse a pagar las supuestas deudas con la organización.
Además, según el Ministerio Fiscal, los acusados utilizaban amenazas, coacciones y violencia física o psíquica, lo que impedía que las mujeres denunciaran por miedo a represalias.
Petición de penas
La acusada S.O. se enfrenta a una petición de once años y seis meses de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por liderar la red criminal.
El resto de procesados afronta una solicitud de ocho años de cárcel cada uno.