El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado este martes 13 de octubre que no comparte la decisión judicial que ha dejado sin casa a Jennifer y a sus dos hijos, de 4 y 16 años, desahuciados ese mismo día en el barrio de Pedro Hidalgo. Sus Servicios Sociales firmaron esa misma mañana un informe, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, que concluye que la madre y los menores “atraviesan una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial”.
En un mensaje remitido a la agencia EFE, el consistorio municipal ha rechazado una decisión “que deja en la calle a una familia vulnerable de nuestra ciudad”, aunque “desde el respeto a las actuaciones de los jueces y tribunales”. El lanzamiento se produjo entre la protesta de casi un centenar de vecinos y una dura intervención policial, como contó Atlántico Hoy desde el lugar.
El informe municipal ha llegado en el último momento. En julio, una primera comisión judicial había aplazado el desahucio al encontrar a dos menores en la vivienda y había pedido ese documento, que se solicitó dos veces. No se elaboró hasta la mañana de este martes, poco antes de que llegara la comitiva.
¿Qué pedía el informe?
El documento lo firma un trabajador social del Centro Municipal de Servicios Sociales y responde a la petición del juzgado, que había solicitado una valoración de la vulnerabilidad de la familia y que se identificaran “las medidas a aplicar por la administración competente”. El procedimiento era un juicio verbal de desahucio por falta de pago.
Su conclusión es que la familia afronta un “riesgo inminente de pérdida de vivienda” y está “sin una alternativa habitacional conocida que permita garantizar su alojamiento inmediato”. Por eso pide que se valore la situación “con carácter de máxima urgencia, atendiendo al interés superior de los menores”.
También se solicita al órgano judicial que adopte medidas “para evitar o, en su caso, aplazar el lanzamiento mientras se examinan las alternativas de protección y alojamiento disponibles”.
Falta de coordinación
La plataforma Derecho al Techo, que acompañó a la familia, asegura que el informe se presentó por registro en el juzgado antes de que llegara la comisión judicial. Se trata de la Plaza número 7 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Civil.
“Asimismo, el informe fue mostrado a la propia comisión judicial, que se negó a recogerlo”, denuncia el colectivo. Para la plataforma, lo ocurrido “pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas y los órganos judiciales actúen con la debida coordinación”.
¿Qué cambia con el decreto Maricarmen?
Con el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, el informe municipal habría bastado para suspender el desahucio si la vivienda fuera de un fondo de inversión. Como el casero de Jennifer es un particular, la norma establece que el juez debe pedir antes un informe al Gobierno de Canarias para saber si tiene alguna alternativa habitacional. Si no la hay, el proceso se suspende y la administración compensa al propietario.
El Ayuntamiento afirma que desconoce si el juzgado había solicitado ese informe. Mientras tanto, la familia de Jennifer acogerá a los niños esta noche, y ya se le ha planteado una posible solución para los próximos días, aunque todavía no sabe en qué consiste.
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