Un buque recibe 550.000 euros de sanción por descargar hidrocarburo cerca de La Palma

El satélite de la ESA localizó al buque 'Aldán' realizando una descarga de hidrocarburos a unas 150 millas de la isla

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Imagen del buque 'Aldán'. / Ministerio de Transportes
Imagen del buque 'Aldán'. / Ministerio de Transportes

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ha impuesto una sanción de 550.000 euros al buque 'Aldán', de bandera de Liberia, que fue localizado por el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (ESA) realizando una descarga de hidrocarburos a unas 150 millas de La Palma.

La resolución de este expediente sancionador, incoado en 2021, confirma la sanción más elevada que se ha impuesto desde 2007, fecha en la que empezaron a operar las aeronaves de ala fija que utiliza Salvamento Marítimo, entidad a la que la DGMM tiene encomendada la prevención y lucha contra la contaminación.

Los propietarios del buque han reconocido la sanción y han renunciado a cualquier acción en vía administrativa contra la misma, informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un comunicado.

Expediente sancionador

Fue el 10 de junio de 2021 cuando un satélite de la EMSA detectó en plena operación la descarga de hidrocarburo conectado a la popa del buque, que llegó a extenderse por una superficie de 54,971 kilómetros cuadrados. Las imágenes y el resto de las pruebas tomadas por una aeronave de Salvamento Marítimo confirmaron la descarga ilícita en espacios marítimos españoles.

Tres días después, cuando el buque navegaba al sur de Cabo de Gata, la Capitanía Marítima de Almería obligó al 'Aldán' a atracar en el puerto de Almería y acordó su retención, imponiendo una garantía de 600.000 euros para que el buque pudiera continuar su travesía y otra garantía de 30.000 euros para hacer frente a los gastos de la aeronave de Salvamento Marítimo en sus labores de observación y control de la mancha.

El 21 de junio se abrió expediente sancionador, que quedó suspendido entre el 9 de agosto de 2021 y el 24 de mayo del 2022 por la investigación abierta por la Unidad de Medio Ambiente de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por posible delito. La Fiscalía archivó las diligencias, pero el procedimiento administrativo ha seguido su curso en la DGMM hasta culminar con la sanción ya citada de 550.000 euros, más los 30.000 indicados. 

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