Canarias invertirá 1.602 millones en dependencia y discapacidad hasta 2028. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado los convenios de dependencia que ya contaban con la ratificación de los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. A principios de esta semana se rubricaron también los acuerdos de Lanzarote y Tenerife, que garantizan la financiación plurianual de plazas y servicios destinados a personas con dependencia y discapacidad.
Según ha informado la consejería este viernes, los convenios suponen una inversión del Gobierno de Canarias de 604,18 millones de euros hasta 2028, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Sumando las aportaciones de los cabildos, la inversión global en el sistema de dependencia y discapacidad en el archipiélago alcanza los 1.602 millones de euros.
Islas
Por islas, Fuerteventura financiará 308 plazas, con 31 nuevas en 2025, mientras que Gran Canaria incorpora 722 plazas adicionales, sumando un total de 4.328 plazas. La Palma contará con 1.004 plazas y servicios, y La Gomera dispondrá de 236 plazas en 2025. Las aportaciones autonómicas e insulares varían entre el 69 % y el 75 %, según la isla.
Los convenios, detallan en la nota, incluyen la actualización de precios a coste real, basados en estudios independientes. Asimismo se prevén incrementos significativos "en servicios como hogares funcionales para discapacidad, promoción de autonomía personal, centros residenciales y plazas de alto requerimiento para personas mayores, garantizando así una atención más completa y adecuada a las necesidades reales".
Presupuesto
Algunos servicios gestionados directamente por la Comunidad Autónoma, como teleasistencia y ayuda a domicilio especializada en ciertas islas, quedan centralizados para asegurar criterios homogéneos y cobertura total en todo el archipiélago.
El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), pudiendo llegar a 1.037 millones con fondos externos. De ellos, 387,4 millones se destinarán directamente a dependencia (+30,4 %), reforzando la atención y los servicios a personas dependientes y con discapacidad, así como la red de apoyo de los cabildos insulares.