La transición hacia una movilidad menos contaminante avanza en Canarias mientras buena parte de sus carreteras sigue ocupada por vehículos con más de una década a sus espaldas. La edad media de los turismos en las Islas alcanzó los 15,6 años en 2025, un año más que la media española, situada en 14,6, según el último Informe Anual de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Detrás de esa falta de renovación no hay únicamente una cuestión de preferencias. La capacidad de los hogares para asumir la compra de otro vehículo, el encarecimiento del mercado y las dudas sobre qué tecnología elegir aparecen como algunos de los factores que ayudan a explicar por qué los canarios alargan cada vez más la vida de sus coches. Una realidad que cobra especial relevancia a medida que municipios como Santa Cruz de Tenerife implantan sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y empiezan a condicionar el acceso de los vehículos más contaminantes.
Viabilidad económica
Para Rosa Marina González Marrero, de la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna (ULL), el envejecimiento del parque tiene una explicación “fundamentalmente económica”. La experta señala que adquirir un vehículo nuevo resulta cada vez más costoso mientras los hogares han tenido que hacer frente al incremento del gasto en vivienda, energía y otros bienes básicos.
“En ese contexto de presión sobre la renta disponible, mantener un vehículo antiguo resulta más viable económicamente que sustituirlo”, explica a Atlántico Hoy, incluso cuando conservarlo pueda implicar mayores costes de mantenimiento y mayores emisiones.
Coches con más de 15 años
Los datos de ANFAC reflejan la magnitud del problema. El 50,3% de los turismos que circulan en Canarias tiene 15 años o más, frente al 48,5% registrado en el conjunto del país. La situación es todavía más acusada en otros segmentos. Entre los vehículos comerciales, el 55,1% supera los 15 años y, entre los industriales, la proporción alcanza el 69,4%.
La renovación tampoco está llegando necesariamente a través de vehículos recientes de segunda mano. En Canarias, por cada turismo nuevo vendido durante 2025 se comercializaron 1,19 coches usados de más de diez años, prácticamente la misma relación que en España. Además, los vehículos de más de ocho años representaban el 64% de las ventas de turismos de ocasión en Canarias a finales de 2025. Su precio medio se situaba en 9.332 euros, un 3,8% más que un año antes. En el conjunto del mercado de segunda mano, el coste medio alcanzaba los 11.954 euros en las Islas. Es decir, incluso la alternativa de comprar un coche usado supone un desembolso considerable para numerosos hogares.
Salarios bajos y coches cada vez más caros
El contexto laboral añade otra pieza a la fotografía. El salario medio bruto anual en Canarias se situó en 25.120,38 euros en 2024, según la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), una de las cifras más bajas entre las comunidades autónomas. Solo Extremadura presentó un salario medio inferior. Además, en el conjunto del país, el 29,5% de los asalariados percibió entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales, mientras que el salario más frecuente fue de 16.520 euros.
Para González Marrero, esa presión económica ayuda a entender por qué numerosos propietarios posponen la sustitución de sus vehículos. Pero no es la única causa. A ella se suma la incertidumbre tecnológica. “Muchos consumidores se preguntan qué tipo de vehículo deberían adquirir: eléctrico, híbrido, híbrido enchufable o de combustión”, señala. A su juicio, la ausencia de señales suficientemente claras y estables puede retrasar todavía más una inversión que para muchas familias ya supone un esfuerzo importante.
Solo el 6,3% del parque es ECO o Cero
La renovación hacia tecnologías de menores emisiones sigue avanzando, pero parte todavía de cifras reducidas. Los vehículos con distintivos Cero y ECO representan conjuntamente apenas el 6,3% del parque móvil canario. Los vehículos con etiqueta C son los más numerosos, con 769.369 unidades y un 46% del parque, mientras que los B representan el 21,4%. En el otro extremo se encuentra el 26,4% de los vehículos que no dispone de ningún distintivo ambiental. Estos últimos son precisamente los que se encuentran en una posición más delicada ante la implantación de las ZBE.
En Santa Cruz de Tenerife, los datos municipales de la DGT correspondientes a 2025 contabilizan 51.390 vehículos sin distintivo ambiental sobre un parque total de 182.362. Representan el 28,2% de todos los vehículos censados en la capital, casi tres de cada diez. La ordenanza de la ZBE establece acceso libre para los vehículos con etiquetas B, C, ECO y Cero, mientras que los que carecen de distintivo deberán acogerse, en su caso, al amplio régimen de autorizaciones y excepciones previsto por el Ayuntamiento.
¿Y si una persona no puede permitirse cambiar de coche?
La propia regulación municipal reconoce que no todos los propietarios tienen la misma capacidad para sustituir su vehículo. La ordenanza contempla una autorización temporal por insuficiencia económica para quienes tengan un vehículo sometido a restricciones. Podrán acceder a ella cuando sus ingresos, o los de la unidad familiar, no superen dos veces el IPREM y no dispongan de otro vehículo con distintivo B, C, ECO o Cero.
El IPREM vigente está situado en 600 euros mensuales, de manera que dos veces este indicador equivalen a 1.200 euros mensuales. En términos anuales, el IPREM se sitúa en 7.200 euros en 12 pagas y 8.400 euros cuando se incluyen 14, por lo que el doble correspondería a 14.400 o 16.800 euros anuales, respectivamente. Además, este indicador permanece congelado al no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que modifiquen su cuantía.
Para solicitar la autorización habrá que acreditar los ingresos mediante el IRPF u otro documento equivalente, declarar que no se dispone de otro vehículo admitido y justificar el domicilio, puesto de trabajo o la necesidad frecuente de acceder a la ZBE por motivos laborales.
Dos años y una prórroga: ¿qué ocurre después?
La ayuda prevista por la ordenanza tiene, sin embargo, fecha de caducidad. La autorización por insuficiencia económica se concederá durante dos años y podrá prorrogarse únicamente un año más. La normativa no recoge expresamente qué ocurrirá con aquellas personas que, una vez agotado ese periodo máximo de tres años, sigan cumpliendo las mismas condiciones económicas y continúen sin poder sustituir su vehículo.
La cuestión resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que la ordenanza vincula la excepción a un indicador económico congelado y que Canarias mantiene uno de los niveles salariales más bajos del país.
La norma también contempla que el Ayuntamiento promueva, junto al Cabildo y el Gobierno de Canarias, ayudas específicas para renovar vehículos de personas con rentas bajas, autónomos y microempresas, además de programas de información sobre incentivos y alternativas de transporte. Sin embargo, la disposición plantea estas líneas como actuaciones a impulsar y no como una garantía directa de financiación para cada propietario afectado.
Electrificar tampoco es una decisión sencilla
La alternativa eléctrica avanza en las Islas, aunque continúa siendo minoritaria. Canarias cerró 2025 con 18.067 vehículos eléctricos puros, un 33,5% más que el año anterior, pero equivalentes a alrededor del 1,1% de todo el parque. A ellos se sumaban 15.957 híbridos enchufables, aproximadamente otro 1%.
También existen barreras vinculadas a la infraestructura. Hasta el segundo trimestre de 2026, Canarias contaba con 2.392 puntos públicos de recarga operativos, pero el 77,7% eran de carga lenta o inferior a 22 kW. Otros 708 puntos estaban instalados pero todavía no funcionaban. Esa realidad conecta con la segunda advertencia de González Marrero, renovar el parque no consiste simplemente en pedir al propietario de un coche antiguo que compre otro.
Para acelerar el proceso, considera necesarias ayudas directas estables y sencillas de tramitar, certidumbre regulatoria, infraestructura suficiente de recarga y alternativas reales de transporte público.
Más allá de la edad de los coches
La catedrática pone además el foco en una particularidad esencial de Canarias: la dependencia del vehículo privado. “El problema de Canarias no es simplemente que haya muchos coches”, sostiene, sino que el modelo territorial, económico y de movilidad provoca que demasiados desplazamientos sigan dependiendo de ellos. Esa cuestión cobra peso con la llegada de las ZBE. Las restricciones persiguen reducir la contaminación y acelerar la sustitución de vehículos antiguos, pero se aplican sobre una población con capacidades económicas muy diferentes y en un territorio donde prescindir del coche no siempre resulta sencillo.
Para González Marrero, reducir esa dependencia exige combinar mejores alternativas de transporte, planificación territorial, gestión de la demanda y políticas adaptadas a “la realidad social y económica específica de cada isla”. La transición, por tanto, no dependerá únicamente de cuántos coches ECO o eléctricos entren en circulación durante los próximos años. También de si los propietarios de los vehículos más antiguos pueden realmente permitirse sustituirlos y de qué alternativas tienen quienes no pueden hacerlo.
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