Canarias roza ya los dos millones de vehículos, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), y ocupa el tercer puesto de toda España en densidad de coches por habitante, sólo por detrás de Baleares y Extremadura.
Estos datos dimensionan un problema al que se enfrenta continuamente cualquier conductor canario, las numerosas retenciones y atascos que aparecen cada día en las autopistas y carreteras locales. La pregunta que surge ahora es: ¿cuántos vehículos más puede aguantar el archipiélago?
Rosa Marina González Marrero lleva años estudiando esta cuestión desde la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna. Su respuesta, nada más empezar, desafía el propio planteamiento de la pregunta: “hablar de una cifra única de ’capacidad de carga’ para Canarias sería, desde el punto de vista técnico, una simplificación arriesgada”, sostiene.
“No existe un número mágico de vehículos a partir del cual Canarias se vuelva automáticamente insostenible”, añade en una entrevista concedida a Atlántico Hoy. Por otro lado, la catedrática ofrece un diagnóstico mucho más profundo e incómodo: el problema no es cuántos coches hay, sino cuánto dependen los canarios de ellos y por qué esa dependencia no deja de crecer.
Transporte público, ¿una alternativa realista?
Una de las primeras cuestiones planteadas es por qué las alternativas al coche no consiguen desplazar al vehículo particular. “Mejorar el transporte público no implica automáticamente que los ciudadanos abandonen el coche”, advierte la catedrática.
González afirma que para crear una transferencia real hacia el transporte colectivo, este no debe competir solo en precio, sino en tiempo de viaje, frecuencia, fiabilidad y accesibilidad, algo que falla sobre todo en los desplazamientos interurbanos, las zonas periféricas y los viajes con varios transbordos.
Por otro lado, la catedrática añade una premisa fundamental: el parque móvil no crece solo por decisión de los residentes. "Canarias es un territorio fuertemente condicionado por la actividad turística, el alquiler de vehículos, los desplazamientos asociados a servicios y mercancías y una estructura territorial muy dependiente de la movilidad por carretera", señala. Según los datos de la DGT, camiones y furgonetas suman ya 381.818 vehículos, casi uno de cada cinco de todo el parque canario.
El parque móvil, resume, “es el resultado de un modelo de desarrollo que durante décadas ha situado al coche en el centro de la organización del espacio y de la economía”.
Tres propuestas claras
Tras ser preguntada por cómo diseñaría una política de reducción de vehículos, González responde con una propuesta no prohibicionista: “no diseñaría una política centrada exclusivamente en reducir el número de coches, sino en reducir la necesidad de utilizarlos”.
Su propuesta combina tres frentes simultáneos: mejorar las alternativas de transporte, gestionar la demanda (aparcamiento, teletrabajo, acceso a zonas congestionadas) y actuar sobre el modelo territorial integrando la planificación del suelo con la de la movilidad.
Sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una propuesta que se ha popularizado enormemente en la Península, avisa de un riesgo de equidad: “no sería razonable limitar el acceso de vehículos más antiguos si previamente no se ha garantizado una alternativa de movilidad adecuada” o, como bien señala la propia catedrática, parte de la población no puede permitirse cambiar de coche.
Según defiende González, estas políticas tienen que ser “territorialmente inteligentes”: no es lo mismo restringir en el casco histórico de Santa Cruz o Las Palmas de Gran Canaria, con alternativas totalmente viables, que en un municipio turístico o una zona rural donde el coche no tiene ningún tipo de sustituto. “La mejor política de reducción del parque móvil es aquella que consigue que tener uno o incluso dos coches deje de ser una necesidad para muchas familias”, añade.
Un sistema con numerosas deficiencias
Sobre la capacidad de vehículos del archipiélago, la catedrática insiste en que depende de “múltiples factores interrelacionados” donde, entre ellos, menciona tanto infraestructuras, distribución de la población, congestión como las emisiones, y propone cambiar la pregunta: “en lugar de preguntarnos cuántos vehículos puede soportar el archipiélago en conjunto, deberíamos preguntarnos qué zonas concretas soportan una presión excesiva, en qué franjas horarias”.
Por otro lado, González no evita señalar un diagnóstico claro; la congestión en las vías de acceso a las capitales y el tiempo perdido en atascos son “señales inequívocas de que el sistema no funciona con eficiencia”.
Un modelo territorial insostenible
A la hora de entender la no renovación de los vehículos, uno de los grandes problemas del parque móvil privado canario, la catedrática sostiene una explicación económica. “Comprar un vehículo nuevo es hoy más caro que nunca en términos reales”, afirma. Mientras sube el precio de la vivienda y la energía, mantener un coche antiguo se convierte en una opción “más viable económicamente” pese a sus mayores emisiones.
A esta problemática se suma la incertidumbre sobre qué tipo de tecnología elegir sin una “señal de política clara y estable”. Para revertirlo, reclama "ayudas directas estables y de tramitación sencilla" pero, el punto fundamental para paliar esta problemática, según González, son las “alternativas reales de transporte que reduzcan la dependencia obligatoria del vehículo propio”.
"El problema de Canarias no es simplemente que haya muchos coches, sino que el modelo territorial, económico y de movilidad vigente hace que demasiados desplazamientos dependan todavía del coche", culmina.
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