Canarias mantiene uno de los mejores registros del país en materia de transparencia activa. Según el informe presentado por el Comisionado de Transparencia ante el Parlamento autonómico, entre enero de 2022 y junio de 2023 se dictaron 669 resoluciones sobre reclamaciones por falta de acceso a información pública. De ellas, el 90,14 % fueron cumplidas en todo o en parte por las entidades públicas o privadas afectadas. Un dato que contrasta de forma notable con el último indicador disponible a nivel estatal, correspondiente a 2022, donde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno situaba el cumplimiento medio en el 58,36 %.

Este cumplimiento se refiere a las resoluciones emitidas por el Comisionado tras analizar reclamaciones de la ciudadanía, cuando una institución no responde a una solicitud de información en tiempo y forma. Son, por tanto, decisiones con efecto ejecutivo: obligan a entregar lo solicitado si la reclamación es estimada. En este periodo, más de dos tercios de las resoluciones canarias (449) fueron estimadas total o parcialmente, lo que implica que el Comisionado dio la razón al solicitante y requirió a la entidad que facilitara los datos.

Tiempos que no se cumplen

Sin embargo, detrás del porcentaje elevado de cumplimiento se esconde otro fenómeno preocupante: la mitad de las resoluciones estimadas no se cumplen dentro del plazo legal. Según el propio informe, recogido en la tabla 14 (p. 44), de las 560 resoluciones estimadas, 252 se ejecutaron fuera de plazo. El informe califica esta situación como una “pérdida de eficacia del procedimiento”, ya que el retraso desvirtúa el derecho de acceso a la información en tiempo útil, especialmente si la información solicitada tenía carácter coyuntural o urgencia informativa.

Para evitar que la tramitación de las reclamaciones se eternice por culpa del silencio administrativo de las entidades, el Comisionado recurre cada vez más a una herramienta jurídica llamada “estimación formal”. Esta figura consiste en dar la razón al solicitante de manera automática cuando la entidad no contesta a tiempo ni al Comisionado ni a la ciudadanía. Se trata de una forma de garantizar el derecho reconocido en la ley, aunque no siempre implica que la información acabe entregándose. El informe señala que estas estimaciones formales “han crecido significativamente en los últimos años”, lo que revela un patrón sostenido de respuesta tardía.

El silencio sigue pesando

Noelia García Leal, comisionada de Transparencia, explicó este lunes durante su comparecencia en el Parlamento que “la mayoría de las reclamaciones vienen derivadas del silencio administrativo” y denunció que algunas entidades “ni siquiera responden cuando les pedimos un trámite de audiencia”. Esta falta de respuesta no solo retrasa los procedimientos, sino que, como explicó la comisionada, obliga a resolver a ciegas y puede impedir el cierre técnico del expediente, ya que en 52 casos no hay constancia suficiente de si la resolución fue cumplida o no.

Además, García Leal reconoció que muchas entidades que terminan incumpliendo parcialmente no lo hacen por voluntad expresa, sino por desconocimiento del procedimiento o problemas internos de organización. Aun así, el informe no deja de destacar que el cumplimiento fuera de plazo se ha convertido en un fenómeno estructural.

¿Falta de medios o de voluntad?

En la sesión parlamentaria, varios diputados cuestionaron los motivos de estos retrasos. Aunque algunas administraciones alegan escasez de personal o falta de estructura administrativa, desde distintos grupos se planteó que eso no puede justificar de forma permanente el incumplimiento del derecho a la información. La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, subrayó: “Nadie más sufre la falta de personal. Se ha dicho hoy aquí que ayuntamientos y cabildos, y sin embargo año tras año han hecho un esfuerzo importante para tener indicadores muy positivos”.

En la misma línea, la diputada del PP, Mónica Muñoz, criticó que varias consejerías del Gobierno autonómico usen esa justificación de forma sistemática, lo que a su juicio denota falta de voluntad política más que de medios materiales. Estas observaciones abren el debate sobre la conveniencia de introducir consecuencias más severas por el incumplimiento fuera de plazo, una posibilidad que podría incluirse en la futura ley de transparencia canaria.

Mejora sostenida, pero con sombra

A pesar de estas tensiones, el informe pone en valor el avance constante del sistema de reclamaciones en Canarias, que ya ha superado con creces las 4.000 resoluciones dictadas desde la creación del Comisionado en 2015. La comunidad autónoma mantiene una tasa de cumplimiento muy superior a la media estatal, y además ha logrado estabilizar sus procesos administrativos, con un descenso en los plazos de respuesta general (aunque no siempre a tiempo legal).

Este equilibrio, sin embargo, sigue siendo frágil. El retraso en el cumplimiento, la falta de respuesta institucional y el aumento de estimaciones automáticas pueden erosionar la confianza ciudadana si no se adoptan mecanismos correctores. El informe lo deja claro: cumplir tarde no equivale a cumplir bien.