La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, denunció este miércoles en el pleno del Parlamento el “retraso sistemático” en la transferencia de los fondos estatales destinados a los planes de empleo social, una situación que, según advirtió, "está perjudicando directamente a personas en situación de vulnerabilidad".
Durante su comparecencia solicitada por el diputado de Coalición Canaria (CC), Francisco Linares, para informar sobre las políticas activas de empleo, De León explicó que estos fondos suelen recibirse en octubre o noviembre, lo que "retrasa la puesta en marcha de los programas y provoca que muchos beneficiarios no alcancen el período mínimo de cotización necesario para cobrar la prestación por desempleo al año siguiente".
Estudios primarios
La consejera subrayó que la prioridad de su departamento para 2026 será la “formación para la inserción”, dado que "un 50% de las personas desempleadas en Canarias cuenta únicamente con estudios primarios". En este sentido, detalló que la convocatoria de formación para desempleados "dispone de 67,5 millones de euros con el objetivo de llegar a 40.000 personas e incorporar como novedad la teleformación online". Asimismo, anunció "la modificación de las bases de los programas para adaptarlas a lo que demandan las empresas y reducir la brecha existente entre el mercado laboral y la formación que se imparte en Canarias”.
Negligencia
Por su parte, Linares calificó de “negligencia” que en 2026 "también se esté produciendo un retraso en la transferencia de la financiación estatal" para los planes de empleo social. “Mucha gente que está en un plan de empleo social ahora, el próximo año no va a poder cobrar el paro porque no va a cotizar doce meses, es una negligencia absoluta”, afirmó.
El diputado explicó que en el municipio del que es alcalde, La Orotava, "de las 80 personas que participan actualmente en un plan de empleo social, la mitad no podrá percibir la prestación por desempleo el próximo año por no completar el periodo mínimo de cotización, en algunos casos por la falta de apenas un mes debido al retraso en la llegada de los fondos".
En este sentido afirmó que "no hacer una transferencia de la cual depende mucha gente vulnerable es una negligencia absoluta”, y recalcó que “no es lo mismo cobrar 900 euros de paro que 450 euros de ayuda”.