Gobernar no es administrar la inercia, es perturbarla. Toda decisión política que merezca ese nombre altera equilibrios, incomoda intereses y abre fracturas. Regular la vivienda vacacional en Canarias no es mover una pieza menor del tablero: es tocar uno de los nervios más sensibles del modelo económico del Archipiélago, allí donde confluyen turismo, propiedad, renta, desigualdad y derecho a techo. Que esa batalla se esté librando desde las instituciones ya es, de por sí, un gesto político de enorme calado.
Que se esté respondiendo desde el hostigamiento es una derrota moral.
La consejera de Turismo, Jéssica de León, ha decidido sostener una ley compleja, incómoda, sometida a presiones cruzadas. No ha buscado el aplauso fácil. Ha elegido el terreno ingrato de la regulación. Eso, en el clima actual, exige más que gestión: exige carácter. Porque hoy la política se mueve muchas veces entre dos extremos igualmente peligrosos: el populismo del aplauso inmediato y el miedo a la reacción violenta.
Los ataques contra su persona no son una anécdota. Son un síntoma. Un síntoma de hasta qué punto el debate público ha degenerado en una lógica de señalamiento, de deshumanización del adversario, de reducción del cargo público a enemigo. Ya no se combate una ley: se castiga a quien la impulsa.
Frente al espejo
Esto no es nuevo. En Fuenteovejuna, Lope de Vega convirtió al pueblo en sujeto moral: la violencia era respuesta a la tiranía. Pero en Frankenstein, de Shelley, la multitud ya no actúa para liberarse de un opresor, sino para destruir aquello que no comprende. No ajusticia: lincha. No deliberan: persiguen. No discuten leyes: arrojan antorchas. Ese es el espejo incómodo en el que hoy deberíamos mirarnos.
Cuando la política se llena de piedras, deja de haber política y solo queda miedo.
Regular la vivienda vacacional es, además, entrar en un conflicto estructural: el choque entre el valor de uso y el valor de mercado de la vivienda. Entre vivir y rentabilizar. Entre habitar y monetizar. No hay salida limpia. Cualquier decisión genera damnificados y beneficiados. Precisamente por eso el único terreno legítimo para ese combate es la ley, no la intimidación.
La violencia no es una forma extrema de opinión: es su negación.
Jéssica de León podría haber optado por la vía cómoda: dilatar, suavizar, mirar hacia otro lado, gobernar desde el cálculo del desgaste. No lo ha hecho. Ha asumido el coste de poner límites, de incomodar, de ordenar un fenómeno que se había desbocado. Eso no la convierte en infalible, pero sí en alguien que entiende que gobernar no es flotar, sino resistir.
Lo que está en juego
La turba siempre cree que actúa en nombre de algo superior: el pueblo, la justicia, la urgencia, la rabia. Pero la historia enseña que cuando la turba decide, la razón ya ha sido expulsada del debate. Y sin razón, sin ley, sin garantías, lo único que queda es el dominio del más feroz.
Hoy no está solo en juego una ley de vivienda vacacional. Está en juego algo más hondo: si aceptamos que en Canarias se puede legislar bajo amenaza. Si normalizamos que quien regula sea castigado. Si asumimos que el miedo forme parte del coste político.
Cuando una sociedad justifica el ataque al cargo público, no está defendiendo derechos: está cavando su propia intemperie.
Y en esa intemperie, siempre acaba perdiendo el mismo: el ciudadano corriente que necesita leyes, Estado y protección. No antorchas.