La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha eliminado las tasas administrativas que hasta ahora debían abonar los ciudadanos para obtener certificados profesionales y para la acreditación de unidades de competencia, una medida que supone un avance relevante en el acceso a la formación oficial y a la empleabilidad en el Archipiélago.
La decisión, que entró en vigor el pasado 1 de enero, establece que ya no será necesario realizar ningún pago para solicitar estos procedimientos, con un carácter definitivo e indefinido, consolidándose como una de las actuaciones clave dentro de las políticas activas de empleo en Canarias.
Acceso igualitario
La directora del SCE, María Teresa Ortega, ha subrayado la importancia social de esta iniciativa, al considerar que “con esta medida se elimina una barrera económica que afectaba directamente a las personas trabajadoras, especialmente a quienes se encuentran en procesos de reciclaje profesional o pertenecen a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral”.
En este sentido, Ortega ha destacado que la gratuidad garantiza que la mejora profesional no dependa de la capacidad económica de cada persona, sino de su voluntad de formarse y de acceder a un puesto de trabajo acorde a una formación oficialmente certificada.
Formación oficial
Los certificados profesionales son titulaciones oficiales que acreditan los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de una profesión concreta. Su obtención constituye una herramienta clave tanto para las personas desempleadas como para quienes desean mejorar su situación laboral o reorientar su carrera profesional hacia otros sectores.
Con esta medida, el Gobierno de Canarias refuerza el papel de la formación como elemento estratégico para la empleabilidad, facilitando el acceso a acreditaciones reconocidas en el mercado laboral.
Trámites simplificados
La supresión de las tasas también permite simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo gestiones y tiempos de espera, y haciendo el sistema más accesible y cercano para los usuarios.
Desde la Consejería se destaca que esta actuación contribuye a un modelo de empleo más inclusivo, en el que la cualificación profesional se convierte en un derecho accesible para toda la ciudadanía, sin condicionantes económicos.