La posibilidad de que el crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un posible brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, llegue finalmente a Canarias ha abierto un debate político y jurídico sobre hasta qué punto el archipiélago puede rechazar su atraque.
Aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado públicamente su rechazo a que el buque llegue a las islas y ha defendido que los pasajeros sean atendidos en Cabo Verde o trasladados directamente a Países Bajos, la realidad es que la comunidad autónoma no tiene la última palabra en una operación de este tipo.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que Tenerife será el punto de referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros y tripulantes del barco, dentro de un acuerdo alcanzado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido designado como centro de referencia para atender al médico de a bordo, que se encuentra grave y será evacuado en avión.
La competencia principal corresponde al Estado
Aunque la sanidad pública está transferida a Canarias y el Servicio Canario de la Salud sí tiene competencias hospitalarias y asistenciales, el control de fronteras, la sanidad exterior, los puertos de interés general y la coordinación ante alertas sanitarias internacionales dependen del Estado. Por ese motivo, jurídicamente, la decisión final sobre permitir la operativa del barco no recae exclusivamente en el Gobierno autonómico, sino en el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Sanidad, Sanidad Exterior y Puertos del Estado, además de los protocolos internacionales coordinados con la OMS.
España, además, está sujeta al Reglamento Sanitario Internacional, un marco impulsado por la OMS que obliga a los países a gestionar riesgos sanitarios sin bloquear injustificadamente el tráfico marítimo internacional.
En la práctica, esto significa que Canarias puede mostrar oposición política, reclamar más información o exigir medidas de seguridad, pero difícilmente podría impedir por sí sola que el crucero sea atendido en el archipiélago si el Estado decide continuar adelante con la operación.
Qué puede hacer Canarias
El Gobierno autonómico sí puede intervenir en aspectos relacionados con la gestión sanitaria y la protección de los recursos asistenciales de las islas. Entre otras cuestiones, Canarias puede:
- Exigir protocolos estrictos de aislamiento y control epidemiológico
- Reclamar medidas de protección para sanitarios y trabajadores portuarios
- Coordinar recursos hospitalarios
- Pedir que el desembarco se realice bajo determinadas condiciones
De hecho, el Ejecutivo canario ha insistido durante las últimas horas en la necesidad de contar con “todas las garantías posibles” antes de asumir la llegada del buque. Fuentes sanitarias canarias también han reconocido a EFE su sorpresa por el cambio de criterio del Ministerio, ya que, hasta poco antes del anuncio oficial, la información trasladada a la comunidad autónoma apuntaba a que no sería necesario que el barco hiciera escala en Canarias salvo que aparecieran más contagios durante la navegación.
¿Podría haber consecuencias legales?
En estos momentos no parece que existe ningún problema jurídico por el hecho de que Canarias exprese rechazo político o pida garantías adicionales. La discrepancia actual entra dentro de la normalidad institucional entre administraciones y, por ahora, se limita a una diferencia de criterio sobre cómo debe gestionarse la emergencia sanitaria.
Otra cuestión distinta sería que la comunidad autónoma intentara impedir formalmente una decisión estatal en una materia donde las competencias principales corresponden al Gobierno central. En ese supuesto sí podría abrirse un conflicto competencial entre ambas administraciones.
Sin embargo, las propias autoridades canarias han señalado estos días que el sistema sanitario del archipiélago dispone de capacidad para afrontar una situación de estas características, lo que reduce el margen para justificar un eventual rechazo técnico a la operación.