El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han acordado este lunes remitir a las comisiones técnicas de cada isla el nuevo marco de cooperación 2025-2028 para los servicios de dependencia, con el objetivo de evaluar su coste real y efectivo. La medida responde a la situación de "asfixia" que denuncian las entidades del tercer sector y marca un punto de inflexión en el modelo asistencial canario.
El presidente regional, Fernando Clavijo, calificó el convenio como una transformación del sistema de dependencia en las islas, que busca "redefinir competencias, mejorar la financiación y hacer justicia con las personas que más lo necesitan". Este nuevo enfoque llegará al Consejo de Gobierno próximamente y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Más por plazas
La hoja de ruta contempla un incremento progresivo del precio por plaza hasta 2028. Así, las residencias para mayores con alto requerimiento sanitario pasarán de 86,15 a 106,39 euros por día, las de requerimiento medio de 70,83 a 98,46 euros, y los centros de día para mayores de 39,17 a 61,15 euros por plaza/día, lo que supone subidas de hasta el 56 %.
También se incrementa de forma notable el presupuesto para transporte de usuarios, que pasa de 9 a 16 millones de euros, y se actualiza el precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de 14 a 22 euros, en línea con las licitaciones activas para islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife.
Nueva herramienta
La gestión seguirá en manos de los cabildos, que además deberán aplicar nuevas herramientas digitales como SIDECAN, destinadas al seguimiento, evaluación y gestión de listas de espera. No obstante, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha advertido que el convenio aún no se ha firmado, pese a que debió estar en vigor desde finales de 2024. Hidalgo ha mostrado su preocupación ante una situación que afecta a más de 20.000 personas, y ha solicitado la celebración urgente de una mesa sectorial con Bienestar Social.
El presidente Clavijo también ha subrayado el incumplimiento del Estado, que solo aporta el 22 % de la financiación cuando la normativa marca el 50 %, y ha llamado a mejorar la captación de fondos estatales para reforzar un sistema que, según afirmó, “no está siendo lo suficientemente eficiente”.
Este nuevo marco pretende sentar las bases para una futura Ley de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que dé cobertura jurídica y financiera a un sistema de cuidados más equitativo, sostenible y territorialmente justo.