"Imaginense que Singapur fuera español." Con esa comparación resumiía Mario González, concejal de Movilidad y Transporte de Arrecife, lo que le parece un despropósito de la ley de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Singapur tiene la misma superficie que Lanzarote, pero 5 millones de habitantes. Este ejemplo visual fue elegido para explicar por qué la misma norma trata igual a territorios tan distintos.
No es una queja aislada. A lo largo del bloque final del foro, dedicado a trasladar la experiencia peninsular a la realidad canaria, los responsables de movilidad de Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife coincidieron en que el problema no es solo si hace falta o no una ZBE, sino si el sistema —la ley, los cabildos, los propios ayuntamientos— está preparado para aplicarla bien. La respuesta, en los tres casos, fue que no del todo.
Un decreto demasiado general
Fernando Davara, moderador del foro e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en Santa Cruz de Tenerife, explicó que preguntó varias veces —"cinco o seis veces", dijo— a la administración estatal cómo debía aplicarse la obligación en territorios insulares como El Hierro o La Graciosa, y siempre recibió la misma respuesta genérica, remitiendo al mismo artículo de la ley, sin llegar él mismo a entenderla del todo.
Su pregunta de fondo: "no sé cómo un territorio como puede ser El Hierro va a implantar una zona de emisiones" cuando apenas tiene tráfico que restringir y concluyó con otra idea principal, "el decreto no está bien parido", porque presupone un problema de calidad del aire que no todos los municipios obligados tienen realmente.
La ley de Cambio Climático, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, no distingue entre una gran ciudad peninsular y un municipio insular con una economía, una orografía y una movilidad completamente distintas.
César García, responsable de Movilidad e Innovación de Sagulpa, la entidad que gestiona la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo resume con una pregunta directa: "quién fue la persona o personas que lideraron esto desde un despacho, en las alturas, sin ver la casuística de cada territorio".
Los cabildos, la pieza que falta
Ofelia Manjón, directora general de Movilidad y Accesibilidad Universal de Santa Cruz de Tenerife, hizo la propuesta institucional más ambiciosa de todo el foro: una institución de movilidad a nivel insular, liderada por el Cabildo de Tenerife, capaz de gestionar los datos de toda la isla y unificar las ordenanzas entre municipios.
Además, Manjón ofreció otro argumento trasladado a las particularidades autonómicas: "no tiene sentido que un ciudadano de las Palmas tenga unas normas en juego y el de Santa Cruz tenga unas totalmente diferentes". Manjón también quiso denunciar que no había ningún representante de ningún cabildo en el propio foro, algo que dijo que le dolía "profundamente" .
González confirmó cierta tensión con el propio Cabildo de Lanzarote por este asunto, y aportó un dato que ilustra la fragmentación del problema: en Lanzarote hay tres municipios que rondan los 20.000 habitantes que, según él, se desentienden directamente de esta problemática alegando que tampoco contaminan.
Equipos sin refuerzo
La falta de medios fue el segundo gran denominador común. Manjón fue explícita sobre dos carencias concretas: faltan juristas especializados en movilidad —los ayuntamientos solo cuentan con letrados generalistas— y falta gente que sepa comunicar.
González, por su parte, reveló que Arrecife ha sido objeto de una fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre este asunto, un proceso que, dijo, "nos ha dejado a todos un poquito malitos". El propio González cerró esta idea señalando un problema estructural: en muchos ayuntamientos, el mismo técnico que lleva la ZBE lleva también los taxis y el transporte urbano, saturado entre varias materias a la vez.
Aparcamientos y críticas a la ZBE
Los aparcamientos, pensados como herramienta central de cualquier ZBE, tampoco se libran de la autocrítica. García, con treinta años de experiencia gestionando aparcamientos en Las Palmas, reconoció una "mala praxis" habitual en Canarias: tarifas caras para aparcar en la calle, cuando la lógica debería ser la contraria si el objetivo es sacar coches de la vía pública.
Puso un ejemplo muy concreto: el aparcamiento intermodal de El Rincón cuesta solo 3 euros al día, pero solo el 5% de quienes lo usan lo hacen de forma intermodal (el resto va a la playa o al centro comercial).
Por otro lado, el propio García fue el más crítico con la aplicación de las zonas ZBE: "yo no creo en la zona de bajas emisiones, yo creo en una ciudad en la que hay que restringir el vehículo privado" y dar prioridad al peatón.
Para él, y para buena parte de sus compañeros canarios, la herramienta concreta (la ZBE tal como la define la ley) pesa menos que el objetivo de fondo, y es precisamente esa distancia entre la norma y lo que cada territorio necesita la que está generando fricción, retrasos y recursos judiciales en Canarias.
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